Un "téngase presente" ingresó la Confederación de la Producción y del Comercial al Tribunal Constitucional por la nueva ley que endurece las sanciones -incluso con cárcel- para quienes cometan delitos económicos y ambientales.
Ad portas de ser promulgada se encuentra la nueva ley que sistematiza los delitos económicos y atentados contra el medio ambiente, aprobada por amplia mayoría en el Congreso Nacional.
La iniciativa continúa generando inquietud en el mundo empresarial, y entre los especialistas se han contrapuesto las opiniones, calificándola desde “represiva” hasta como “un cambio histórico”.
La Confederación de la Producción y del Comercio arremetió en contra de la normativa que establece la creación de cuatro categorías para determinar los diferentes grados de sanciones y presentó un “téngase presente” ante el Tribunal Constitucional por supuestos vicios de constitucionalidad que tendría el texto.
El ministro de Justicia, Luis Cordero, fustigó la decisión del gran empresariado y recordó que la tramitación contó miradas de diversos expertos.
La CPC plantea que el proyecto lo que hace es “atentar contra el propio orden público económico al “seleccionar” a un determinado grupo de personas que trabajan en ciertas organizaciones, para aplicar un régimen punitivo distinto -y por cierto- más gravoso que el general”.
El senador de Demócratas, Matías Walker, adelantó que acudirá al TC para presentar su posición y lamentó que se opongan al término de las clases de ética como método de sanción.
El presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, Ricardo Mewes, explicó que ellos advirtieron de los riesgos que implicaba para la actividad empresarial, añadiendo que “crea una serie de nuevos delitos que, por ejemplo, afectan a los ejecutivos de empresas con penas mayores por el solo hecho de ser tales”.
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