Previo a resolver la eventual fecha de formalización, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago pidió más antecedentes a la Fiscalía Regional de Magallanes tras imputarle delitos de malversación de caudales públicos y lavado de activos al exdirector general de la PDI, Héctor Espinosa.
Según la investigación del Ministerio Público, entre 2015 y 2018, Espinosa y su esposa María Neira -funcionaria del SII- recibieron cerca de $140 millones en depósitos en efectivo a sus cuentas bancarias, en cerca de 53 transacciones.
Un hombre clave en la indagación fue el subcomisario de la PDI, Eduardo Villablanca Inostroza, quien se desempeñó como ayudante de Espinosa. Según La Tercera, fue él quien depositaba como una “orden de su superior” y que, tras “quebrarse”, colaboró en esta investigación.
El ente persecutor también fue alertado por los testimonios de ejecutivos del Banco Chile. Esto, no tan sólo por las transacciones, sino que principalmente el que fuera dinero en efectivo.
El expediente judicial sostiene que Espinosa tuvo a su disposición más de $ 1.300 millones por concepto de gastos reservados, haciendo uso de ellos mensualmente y justificando cada uno de estos giros bajo la Ley de Inteligencia o actividades de vigilancia por narcotráfico.
En ese sentido, continúan las reacciones a este caso. La presidenta de Chile Transparente, Susana Sierra, comparó lo del exdirector general de la PDI con la investigación al excomandante en Jefe del Ejército, Juan Miguel Fuentealba, a quien también se le imputan delitos de corrupción.
El vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, señaló que hay aprendizaje en estos casos y que hay que esperar que la Fiscalía investigue y los tribunales condenen o absuelvan.
Fuentes de Radio Bío Bío confirmaron que le piden al Ministerio Público que complete la formalización, es decir, que diga el delito, la participación o datos más específicos.
