Un grupo de abogados de Derechos Humanos denunciaron que el Gobierno, a través del ministro de Justicia, Hernán Larraín, ha comenzado “silenciosamente” a reducir condenas a personas que cometieron violaciones de DD.HH, amparándose en la Ley N° 19.586, pese a que han sido los tribunales de justicia los que han determinado las penas que deben cumplir estos victimarios.
Se trata de Nelson Caucoto, Francisco Ugás, Pablo Fuenzalida, Francisco Bustos, Andrea Gattini y Carolina Vega, todos litigantes en causas de Derechos Humanos, quienes señalaron que “existiría responsabilidad del Estado por estas rebajas de penas que violan obligaciones internacionales, además de revictimizar a los familiares de las víctimas que se sienten burladas nuevamente en sus expectativas de lograr plena justicia”.
Según los denunciantes, esta medida ha beneficiado a numeroso agentes ya condenados por los tribunales de justicia, entre ellos la Corte Suprema, por ser autores de ejecución y desaparición de personas, entre otros delitos.
De acuerdo a los antecedentes presentados por los juristas, estos beneficios habrían comenzado a aplicarse desde el año 2020, consistiendo en indultos presidenciales y rebajas de condenas, los cuales se harían otorgado al margen del control de los tribunales de justicia y con absoluto desconocimiento de los familiares de las víctimas.
Los abogados sostienen que todas las actividades desplegadas por las autoridades de gobierno en este sentido “son arbitrarias y absolutamente contrarias al derecho internacional, contraviniendo de manera expresa el Estatuto de Roma y otras normativas, puesto que asumen una forma de impunidad, impidiendo el cumplimiento total de las penas aplicadas por los tribunales de justicia”.
Al mismo tiempo, consideran que esta conducta del ministro de Justicia desvirtúa la labor que realiza la Unidad Programa de Derechos Humanos, órgano dependiente de su ministerio y que es un activo persecutor respecto de los crímenes de la dictadura.
En ese sentido, el programa de DD.HH y los querellantes particulares abogan por no aplicar la media prescripción del artículo 103 del Código Penal y solicitan en sus presentaciones las penas más altas de nuestra legislación para este tipo de delitos.
“Resulta absolutamente incoherente que sea el propio Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, por medio de la Subsecretaría de Justicia, rebaje las condenas favoreciendo la impunidad”, cierran los abogados.
