El pasado 30 de abril se dio inicio a una serie de conversaciones entre el Gobierno y el Congreso con el fin de alcanzar “mínimos comunes”. Este tema, que se ha tomado la agenda política durante las últimas semanas, busca entregar soluciones a las principales necesidades de los chilenos tras la crisis detonada por la pandemia.
La semana pasada, el Ejecutivo ya entregó una serie de propuestas para avanzar en esta materia. Entre los principales lineamientos, se pueden mencionar la ampliación del IFE al 100% del Registro Social de Hogares (RSH), una inyección de recursos para las pymes y una disminución de la tasa de interés penal.
Dado este escenario, falta conocer la minuta de la oposición. Este martes, en medio de una reunión entre los principales líderes políticos del sector, Radio Bío Bío tuvo acceso al borrador de sus propuestas, las que aún podrían sufrir modificaciones antes de ser entregadas al Gobierno.
En concreto, las iniciativas del bloque se dividirían en cuatro ejes. Estos son renta básica universal de emergencia, plan de recuperación para las mipymes y sectores postergados, fortalecimiento de las medidas sanitarias y las fuentes de financiamiento para estas urgencias.
Sin embargo, advierten que existen otros temas que el Gobierno deberá enfrentar durante los próximos meses. “Nos referimos, entre otros, a Derechos Humanos, crisis de la Vivienda Social y Campamentos, Seguridad Social, fortalecimiento del sistema de educación y salud pública, pluralismo en el directorio de las empresas estatales, como Codelco”.
Renta básica universal de emergencia
El documento consigna que el Congreso, dadas las restricciones propias de un sistema de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, “no ha tenido más alternativa que aprobar sucesivos IFEs, haciendo siempre presente que en todos ellos persistían dos problemas esenciales: la cobertura y el monto destinado a las familias”.
Por ello, proponen una renta básica universal “que le permita a las familias contar con los recursos necesarios para afrontar los efectos sociales y económicos lesivos de un conjunto de factores que han afectado directamente su calidad de vida y en muchos casos, su mínima capacidad de subsistencia”.
Según el sector, esta medida debe tener una cobertura total, que abarque el 100% del Registro Social de Hogares (unas 6,6 millones de familias, aproximadamente). Además, se deben considerar mecanismos complementarios que permitan el ingreso a la prestación de personas en condición de vulnerabilidad que no estén actualmente en el RSH.
Para calcular esta renta básica, se consideraría como base la línea de la pobreza, pero también se añadirían otros parámetros relativos a cada hogar, como el endeudamiento, las enfermedades o el nivel educacional. Además, se deberían tomar en cuenta si en la familia existen mujeres jefas de hogar, NNA, personas mayores y personas en condición de discapacidad.
En cuanto a la duración del beneficio, de manera inicial se plantea que cubra los meses de junio, julio, agosto y septiembre de 2021, pero “deberá ser prorrogado si las condiciones sanitarias y económicas así lo exigen”.
La minuta también propone un método de pago lo más simplificado posible. “Lo óptimo es que con el cruce de datos administrativos se verifiquen las cuentas bancarias de los beneficiarios a las que hacer depósito, prefiriendo que el pago sea vía “Cuenta Rut” o en su defecto otras cuentas bancarias en lugar de pago presencial”, sostiene el documento.
Mipymes y sectores postergados
La oposición considera que “la mayoría de las pequeñas empresas no han tenido apoyo fiscal durante la pandemia”, por ende, proponen una serie de medidas para recuperar a mediano plazo los niveles de actividad económica y el empleo que genera este sector.
En primer lugar, se plantea la posibilidad de entregar un paquete de transferencias no reembolsables, por un monto total de US$ 3.000 millones, para hacer posible la sobrevivencia y la capacidad de generar empleos en la etapa de recuperación.
Sobre este punto, la cobertura debe ser universal y dentro de ella deben priorizarse aquellas industrias más afectadas, como cultura y entretenimiento, turismo, gastronomía y hotelería, servicios personales y sociales, artesanía y comercio minorista.
Asimismo, se propone entregar, a través de Banco Estado, líneas de crédito de largo plazo garantizados al 90% (sin
deducible) por Fogape. “Los recursos ofertados deberían incorporar al menos un año de gracia e interés similares a los del Fogape I”, señalan.
Otros mecanismos de apoyo a las pymes serían la suspensión de ciertos pagos. Entre ellos, eliminar las multas por incumplimiento tributario durante 2021 y suspender o condonar los pagos por contribuciones, patentes comerciales e industriales, derechos de aseo, pagos municipales por propaganda y publicidad, y permisos específicos de funcionamiento.
A la vez, aseguran que se debe “establecer una política de discriminación positiva hacia las mipymes en el área de compras públicas, que revierta las señales de concentración en las grandes empresas ocurridas en los últimos años”.
Para cerrar este eje, dicen que “es clave concordar al corto plazo protocolos sanitarios sectoriales y regionales entre la autoridad, los gremios pymes de los distintos sectores y sus trabajadores”. Esto permitiría la apertura de sectores como el turismo, las actividades culturales y de entretenimiento, gimnasios y servicios, entre otros.
Fortalecimiento de medidas sanitarias
En este punto, la oposición plantea la gratuidad del examen PCR, independiente del lugar en que se realice. Además, la transferencia de recursos a la Atención Primaria de Salud para mejorar la estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento.
Por otra parte, un pago de subsidio por incapacidad laboral y abordar con premuras las listas de urgencia, sobre todo en el área de ginecología, oftalmología, salud mental y cáncer.
Para reconocer la labor de los funcionarios de salud, se plantea que puedan “recibir una justa compensación por la tremenda sobrecarga laboral que han asumido desde hace más de un año. Asimismo, el gobierno concretar a la brevedad su promesa de que percibirán en un 100% las asignaciones y bonificaciones de funcionarios mientras dure la alerta sanitaria”.
Finalmente, se propone una regulación de precios de las hospitalizaciones originadas por el covid-19 y preocuparse de mayor forma en la alimentación de los niños y jóvenes del país.
Fuentes de financiamiento
El bloque asegura que las fuentes de financiamiento para estas medidas “requieren un mayor esfuerzo fiscal para financiarlas de forma transitoria. Ello debe ser en base criterios de responsabilidad fiscal, evitando que los costos de la crisis continúen siendo pagados con recursos de los trabajadores”.
Por ello, se centran en tres líneas principales. La primera tiene que ver con medidas que impliquen recursos de ejecución dentro de la actual Ley de Presupuestos:
– Mayor recaudación adicional fiscal proveniente de las mejores proyecciones del mayor precio del cobre tanto de la minería privada, como de Codelco.
– Mayor endeudamiento, en base a espacio existente de acuerdo a proyecciones del mismo Ministerio de Hacienda.
– Uso de Activos del Tesoro Público, como el FEES, cuyo propósito es justamente responder a la estabilización de políticas económicas y sociales.
– Reasignación de recursos mediante la gestión temporal del financiamiento a Fondos de las FF.AA, tanto el correspondiente a capacidades estratégicas como de contingencia.
Por otra parte, se plantean medidas más a largo plazo, como estrategias para evitar la evasión y la elusión, y la eliminación de exenciones tributarias inefectivas.
Finalmente, se propone avanzar en una agenda de medidas “que busquen una mayor recaudación para financiar medidas
de carácter permanente y que logren alcanzar una mayor progresividad del sistema tributario”.
Entre estas últimas, están las medidas que buscan gravar a contribuyentes de mayores recursos, aumentar recaudación proveniente de la extracción de recursos minerales y diseñar un nuevo sistema tributario más justo, equitativo y simple.
