A nueve años del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el caso de la jueza Karen Atala, Fundación Iguales acusó que Chile ha incumplido su condena “ante la falta de capacitación efectiva y permanente a los funcionarios del Estado en materia de Derechos Humanos”.
Entre las medidas de reparación que indicó la Corte, Iguales denunció que aquella que ordena al Estado chileno a “continuar implementando, en un plazo razonable, programas y cursos permanentes de educación y capacitación dirigidos a funcionarios públicos a nivel regional y nacional y particularmente a funcionarios judiciales de todas las áreas y escalafones de la rama judicial”, no se ha cumplido de forma efectiva.
“El Estado de Chile no puede pretender señalar ante la CIDH haber cumplido con la condena cuando vemos que diariamente muchos agentes del Estado vulneran sistemáticamente los Derechos Humanos y el mandato del organismo internacional es capacitar en Derechos Humanos con nombre y apellido, género, orientación sexual e identidad de género”, afirmó Atala, integrante del directorio de Iguales.
En la misma línea, la directora ejecutiva de Iguales, Isabel Amor, señaló que “ninguna de nuestras demandas están fuera del Estado, todas en alguna medida dependen de la formación en Derechos Humanos que tengan las personas que trabajan en el Estado”.
“La falta de cumplimiento de las medidas de no repetición – esto es las medidas que debe tomar el Estado de Chile para no discriminar por orientación sexual y/o identidad de género – es el principal motivo por el cual seguimos viendo y viviendo violencia constante por el solo hecho de ser lesbianas, gays, bisexuales, trans o intersex”, añadió.
El caso de la jueza Atala y niñas contra el Estado de Chile evidenció las aristas discriminatorias en el trato a la comunidad LGTBI en el marco judicial, especialmente en el derecho de familia.
La magistrada llevó su reclamo ante la CIDH luego que la Justicia de Chile le quitara la tuición de sus hijas por su orientación sexual, ya que se concluyó que esta “pondría a las menores en un estado de vulnerabilidad”.
Tras varios años, la CIDH finalmente falló contra Chile y le ordenó capacitar a funcionarios del Estado en materia de Derechos Humanos, a brindar atención médica y psicológica o psiquiátrica gratuita y de forma inmediata a las víctimas, además de una indemnización económica.
“En la actualidad, el fallo Atala representa una fuente de jurisprudencia efectiva ante los casos de discriminación por orientación sexual por parte de los Estados miembros de la Convención Americana de Derechos Humanos en beneficio de aquellas víctimas que hayan sido objeto de discriminación”, destacó Iguales a través de un comunicado.
