El presidente Sebastián Piñera tiene plazo hasta mañana viernes para tomar la decisión respecto a si promulga la reforma constitucional que limita la reelección sucesiva de cargos de elección popular o aplica un veto que favorezca a los alcaldes.
Para esto, en los últimos días se ha desarrollado un intenso lobby de parte de algunos de los 96 alcaldes que, por ahora, quedarían fuera de las elecciones de abril del próximo año.
La reforma aprobada en el Congreso, que pone un límite de reelección a los cargos de elección popular – aprobada en mayo, después de 14 años en el Congreso – si bien en principio entraría a regir en las municipales del año 2024, cambios desarrollados en el debate en el Senado, se incluyó en la retroactividad las próximas elecciones.
Con esto 96 alcaldes de las 346 comunas del país no podrían repostularse, siempre y cuando el presidente promulgue la reforma constitucional ya aprobada.
El plazo para esa promulgación, como se indica en el artículo 73 de la Constitución, es de 30 días, límite que vence mañana viernes.
En base estos datos, es que desde la semana pasada comenzó el lobby de algunos de los 96 alcaldes con parlamentarios para pedirle al Gobierno aplicar este veto, que en síntesis daría la opción de que los actuales alcaldes estén en la papeleta del 11 de abril.
El Gobierno, que públicamente había dado señales que no existía espacio político para ello, avisó la semana pasada que la puerta estaba abierta, pero para eso debían garantizarse los votos favorables de 53 de los más de 70 representantes que Chile Vamos tiene en la Cámara de Diputados
Con esa esperanza para algunos, salieron alcaldes a llamar a los diputados para pedirles el favor. Por esta razón Chile Vamos inició el dialogo con el ministro Segpres Claudio Alvarado, y hasta anoche uno de los comentarios obligados era que podía haber posibilidades de veto presidencial.
Públicamente sólo hablan los que no quieren el veto, pero en privado se reconoce que existe presión de los alcaldes y concejales para que se haga. Algunos reconocen que tienen razón los alcaldes pero indican que comunicacionalmente sería dispararse en los píes. En tanto, la UDI uno de los más entusiasmados con el veto, pero puertas adentro.
El diputado UDI, Enrique Van Rysselberghe, señaló que los parlamentarios de su partido no han solicitado que se ingrese un veto. Según sus palabras, son los alcaldes quienes han pedido al Gobierno que se busque una solución.
Sin embargo, la oposición continúa viendo con ojos negativos la idea de tramitar un veto presidencial para modificar la ley.
El diputado socialista Marcelo Schilling, señaló que su partido no está disponible para aprobar un eventual veto.
Por su parte, la diputada del PPD Andrea Parra, dijo que con la idea de vetar la ley, se busca defender los privilegios de pocos.
El Frente Amplio tampoco aprobaría un eventual veto. El diputado de Revolución Democrática Pablo Vidal también se sumó a las críticas, haciendo un llamado al Presidente de la República a apurar la promulgación del proyecto.
El diputado DC, Daniel Berdessi, también señaló que si se veta sería un grave error, agregando que no se pueden dar señales equívocas, por lo que no apoyará el veto.
Si se promulga o no el veto, se sabrá dentro de las próximas horas, donde el gobierno está decidido a ponerse rojo frente a las cámaras si el proyecto tiene respaldo suficiente en el Congreso.
