La Cámara de Diputados de Argentina inició este miércoles el tratamiento de la ley de Presupuesto 2026 del Gobierno de Javier Milei, que prevé mantener el ajuste fiscal y busca derogar leyes de financiamiento clave.
El Presupuesto inicialmente propuesto por el Gobierno proyecta para el 2026 una expansión del 5% del PIB, una inflación anual proyectada en un 10,1% -muy lejos del salto del 117,8% registrado en 2024 y por debajo del 27,9% acumulado hasta noviembre de 2025-, y un tipo de cambio a $1.423 en diciembre.
El pronóstico de crecimiento para 2026 está por encima de las proyecciones de los economistas privados que cada mes consulta el Banco Central, que calculan que la economía argentina crecerá el año próximo un 3,2%.
Durante la sesión de este miércoles se prevé que se discutan numerosos aspectos del proyecto, incluyendo la derogación de las leyes de financiamiento universitario y de emergencia en discapacidad, que este año fueron fruto de numerosos vaivenes entre el Ejecutivo y la oposición.
De aprobarse este miércoles en la Cámara de Diputados, el proyecto pasaría luego al Senado.
El debate del Presupuesto 2026 se da ante un Congreso renovado tras los comicios legislativos del pasado 26 de octubre, en los que el oficialismo se impuso con más del 40% de los votos y logró aumentar significativamente su representación en ambas cámaras.
Milei, que asumió la Presidencia a finales de 2023, ha gobernado desde entonces con el Presupuesto aprobado para aquel año, que luego prorrogó en dos ocasiones.
El Presupuesto 2023 contiene partidas de gastos estipuladas en septiembre de 2022 que han quedado completamente diluidas por el efecto de la alta inflación acumulada, lo que ha dado al Gobierno mayor margen de maniobra para mantener su política de severo ajuste fiscal y reasignar partidas presupuestarias según su parecer.
Además, está previsto que la Cámara de Diputados debata también este miércoles otras dos leyes clave: la Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, que prohíbe el déficit fiscal y la emisión monetaria sin respaldo, y una reforma del régimen penal tributario que busca elevar los umbrales a partir de los cuales una persona o empresa puede ser investigada por evasión fiscal.
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