A través de una carta dirigida a los diferentes órganos del Partido Socialista, José Miguel Insulza aclaró en 24 puntos las diferentes acusaciones y críticas que se han suscitado, entre ellas, su ausencia en el Senado durante la acusación constitucional del intendente Felipe Guevara.
Sobre dicha ausencia, señala que la acusación constitucional pudo haberse discutido el 30 de enero y que producto a la ausencia de varios senadores ese día, se tomó la decisión de mover las sesiones para el 3 y 4 de febrero, fecha en la que el senador tenía planificada una salida fuera de Chile, pues había previsto receso durante febrero.
Asimismo, Insulza señaló que viajó con sus medios a una actividad habitual para fortalecer relaciones adquiridas durante cuatro décadas de actividad profesional y que solicitó un permiso constitucional para la situación, que lo excluye para efectos de quórum, no siendo considerado entre los parlamentarios en ejercicio para efectos de votación.
En la misma línea, el legislador señaló que, en conversaciones previas con otros senadores de oposición, existía un consenso en que la acusación de Guevara “no parecía reunir características para fundamentar el cargo de haber cometido una infracción seria de la Constitución que ameritase su destitución” y que esa “‘condena política’ al Gobierno ya se había realizado y fundamentado bien” contra el ex ministro del Interior Andrés Chadwick.
El parlamentario fue enfático al mencionar que “no podemos generar unidad en la oposición ni adhesión en la ciudadanía a través de sucesivas acusaciones constitucionales. Con esta herramienta se intenta apelar a la emocionalidad y la emotividad, ante una evidente pérdida de norte político”.
“Todo abuso de las instituciones solo las desprestigia. Muchos de los nuestros vivieron las destituciones de ministros en los tiempos de la Unidad Popular. Las usaba el fascismo para amedrentar y polarizar. Pero esa es una práctica que favorece a la derecha, para la cual el desprecio de la política, la abstención creciente y la polarización son instrumentos convenientes”, continuó.
Agregó que “a nosotros, al progresismo, nos interesa que la sociedad se politice, que la política sea valorada, que todos quieran participar del ejercicio democrático. Por eso cuidamos las instituciones y nunca debemos usarlas ligeramente”.
Estallido social
Sobre violaciones a derechos humanos, Insulza señala que ha “condenado de manera explícita las violaciones de derechos humanos, responsabilizando de manera directa al Gobierno de ellas, ello me llevó a votar favorablemente la acusación constitucional contra el ex ministro del Interior”.
“He alegado que las demandas sociales pendientes son la columna vertebral de nuestra lucha y que las movilizaciones sólo pueden concluir con reformas sustantivas en los principales asuntos que han llegado al Congreso, desde la reforma tributaria, la reforma constitucional sobre el agua, la reforma de pensiones, la reforma de salud y el precio de los medicamentos, la defensa del medio ambiente y el fin del CAE”, sostuvo.
Agregó que participó del acuerdo por un plebiscito constitucional porque está convencido de que el país debe aprobar una Constitución que funde un Estado Social y Democrático de Derecho, sin embargo, manifiesta diferencias con compañeros políticos que se refieren a dichos temas, como por ejemplo, el valor que se le da al Partido Socialista como colaborador de cinco gobiernos luego de la transición y reprocha a aquellos que se acogen a la consigna de “treinta años perdidos”.
En la misma línea, señaló que el acuerdo nacional posterior a la transición ya se había agotado tras los “éxitos de los primeros veinte años” pues los sueños de los 80’s ya estaban cumplidos y desde la política no fueron capaz de ofrecerle a los chilenos nuevos sueños.
Violencia
Insulza mencionó que tiene diferencias sobre cómo se asume el tema de la violencia, señalando que “no tener una propuesta de seguridad es una de las peores debilidades de la izquierda en nuestro país”.
Según el parlamentario, todos reconocen los problemas sociales que están detrás de la violencia en cualquier sociedad, lo que conlleva a ser más comprensivos con los que delinquen llevados por la necesidad o como producto de malas condiciones sociales.
Asimismo, menciona que siempre ha abogado por una “política alternativa de seguridad, que ponga a nuestras fuerzas policiales bajo el mando civil”.
“La acción represiva y la incapacidad mostrada por Carabineros, en esta fase lamentable de su historia, se deriva de las crisis que la han afectado desde fines del gobierno anterior”, sostuvo.
Casos como el “‘Pacogate’, la Operación Huracán y el asesinato de Camilo Catrillanca debilitaron como nunca a Carabineros y le quitaron legitimidad ante la sociedad”, agregando además que la reforma estructural a la institución en la que han trabajado durante los últimos dos años “es la única respuesta válida a la necesidad de un servicio eficiente de seguridad”.
Junto con condenar la violencia por parte de Carabineros, el legislador también condena la violencia por parte de civiles, señalando que “los que la practican no son vanguardia de ningún movimiento revolucionario; sus héroes más visibles apenas se interesan por la política; pertenecen más bien a un mundo anómico para los cuales la destrucción parece ser un objetivo en sí”.
Además, añade que “la violencia no es portadora de ningún cambio político o social con valor democrático. Solo puede favorecer a quienes se sienten cómodos con la política del terror y la mano dura”.
“Sin embargo muchos de los nuestros aún celebran a los violentos o al menos son benévolos con ellos”, además de indicar que el objeto de esos abusos son gente común, “pequeños comerciantes que ven destruidos sus bienes y ahorros de toda una vida”.
El parlamentario señala que los hechos anteriormente señalados aumentan el temor en la población y “es un instrumento propicio de la derecha en campaña en contra de la Nueva Constitución”. Agrega que hay quienes quieren “imponer su punto de vista con la violencia verbal y la amenaza física; eso es lo contrario de la democracia”.
Insulza cierra su carta haciendo un llamado a las fuerzas progresistas para trabajar unidos por un país “más justo, democrático y pacífico” donde se pueda reformar el modelo económico, social y también llama a “forjar un nuevo Acuerdo Nacional”.
“Para ganar el plebiscito de abril, para tener una Constitución que sea de todas las chilenas y chilenos, debemos imponer la paz, el respeto y el diálogo cívico como la única práctica democrática”, aseguró.
