El fiscal nacional, Jorge Abbott, respondió a las críticas recibidas por el Ministerio Público de parte del Gobierno y otros actores del oficialismo, respecto de su manejo de los casos que han debido investigar a raíz de los incidentes ocurridos desde el estallido social.
“Desgraciadamente vemos con preocupación que se trata de llevar a sede penal un conflicto de carácter social y político, cuyos responsables no han tenido la capacidad de poder solucionar” defendió el persecutor ante Cooperativa, acusando que “lo están desviando al área penal donde nosotros tenemos la responsabilidad que la vamos a asumir, la estamos asumiendo”.
Instó a que “si se fijan en los informes de todas estas instituciones relativas a los derechos humanos (Amnistía Internacional y Human Rights Watch) no dicen relación con críticas a funcionarios del sistema judicial (…), no hay críticas a cómo hemos actuado hasta ahora, porque lo hemos hecho bien”.
“Quiero hacer una pequeña reflexión. El subsecretario del Interior y los ministros del Interior de todos los gobiernos, cada vez que hay un procedimiento policial exitoso, aparecen junto con las policías, a veces con los fiscales (…). Entonces, los éxitos sí los reclaman, pero cuando hay fracasos o teóricamente críticas, no, es el Ministerio Público. Es decir, las utilidades las hace el Ministerio del Interior y las pérdidas, el Ministerio Público”, criticó Abbott.
Distintos tipos de detenidos
El fiscal nacional argumentó también que “la realidad desmiente” las críticas del oficialismo, indicando que hasta el 22 de noviembre han pasado a control de detención a más 30 mil imputados, formalizando a más de 20 mil y dejando a más de 2 mil en prisión preventiva.
Abbott aprovechó de marcar una distinción entre las personas que han sido detenidas en el contexto de la crisis social: “Hay personas que han cometido hechos violentos respecto de los cuales nuestra política es clarísima: tenemos que ser particularmente severos en la represión de ese tipo de conductas, por ejemplo, la quema del metro, que es una investigación compleja”.
“Las personas que promovieron y llevaron adelante esos incendios, por cierto que el Ministerio Público -una vez establecida sus identidades- va a buscar la mayor de las sanciones. Pero, Pero por Dios, respecto de aquellas personas que ingresaron una vez que el supermercado ya abierto y sustrajeron algunas especies, no nos pidan las penas del infierno”, afirmó.
En este sentido, argumentó que “negar salidas alternativas a esas personas y otorgárselas a otras se está generando la promesa casi autocumplida del nuevo sistema de procesal penal que va a ser una máquina de moler carne de gente pobre, cosa que no estamos dispuestos a tolerar”, esgrimió Abbott. “Eso es demonizar una situación que no tiene la gravedad que tiene quien organizó ese saqueo. Hemos visto la situación de algunas personas que ingresaron ahí por una situación de oportunidad (…), se trata muchas veces de personas dueñas de casa”.
Chivo expiatorio
Por su parte, el fiscal jefe metropolitano oriente, Manuel Guerra, respondió a las críticas oficialistas argumentando ante Pauta que “aquí no hay tema de favorecer a la delincuencia (…) nosotros no podemos acusar gente si después van a ser absueltos por la Justicia por falta de pruebas”.
Aprovechó también de criticar el trabajo de la cartera encargada de la seguridad pública, cuando estaba bajo el mando del ahora exministro Andrés Chadwick, afirmando que “se hacen muchas gárgaras con la Ley de Seguridad del Estado. Los principales hechos, los más graves, los tuvimos del 18 al 21 [de octubre]. Yo le puedo decir certeramente que en la Fiscalía Oriente no tuvimos ningún abogado del Ministerio del Interior presente en una audiencia de control de detención, que era el momento de hacer valer la ley”.
“Me parece impresentable que se pretenda sindicar al Ministerio Público como responsable de la baja intensidad de medidas cautelares”, cuestionó, acotando que “está bueno ya de que se utilice al Ministerio Público como chivo expiatorio cuando a un gobierno le va mal en materia de seguridad”.
De paso, también apuntó contra el Congreso, afirmando que elevar las penas a los delitos “es el deporte preferido del Poder Legislativo”, sin llegar aún a una solución real.
“Quedan rápidamente en libertad”
Las palabras de Abbott y Guerra llegan luego de que se revelara que los hechos violentos que se han desarrollado en la capital desde el pasado 18 de octubre presentan una tendencia a la baja, y tras la salida alternativa que otorgará la Fiscalía a 26 imputados por saqueos durante el Estado de Excepción.
Fue el subsecretario del Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Ubilla, quien cuestionó ante La Tercera que “muchas veces el Ministerio Público no nos acompaña y básicamente quedan rápidamente en libertad, ni siquiera van a los controles, quedan apercibidos al Artículo 26 (citados), pero el objetivo nuestro es volver a insistir, mejorar las pruebas, aumentar la cantidad de información que hay para ponerla en manos de la fiscalía, a fin de lograr su detención”.
El Gobierno además acusó también que no cuenta con toda la información sobre el trabajo que está realizando la Fiscalía y, frente a ese reclamo, que también tiene eco en el oficialismo, la jefa de bancada de la UDI, la diputada María José Hoffmann, solicitó realizar una sesión especial sobre el trabajo del Ministerio Público.
A contramano, el presidente de la Asociación de Fiscales, Claudio Uribe, acusó -por parte del mundo político- la instalación de una cortina de humo en esta materia.
