El ministro de Justicia, Hernán Larraín y la canciller subrogante, Carolina Valdivia, defendieron en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja, la nota enviada por Chile y otros 4 gobiernos de América Latina -todos de derecha- en orden a iniciar un proceso de reforma al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, acotando su ámbito de jurisdicción.
Eso sí, Larraín reconoció en dicha instancia que las cosas pudieron haberse hecho mejor en relación al envío de una nota dirigida al secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde se hace un análisis crítico del funcionamiento de la corte y del sistema antes señalados.
Pese a ello, el titular de Justicia defendió la posición adoptada por nuestro país junto a Argentina, Brasil, Colombia y Paraguay, ya que -según afirmó- se requiere delimitar las responsabilidades del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y no convertirlo en una caja de resonancia de las críticas que al interior de cada país se puedan dar en torno a determinadas políticas públicas.
La ministra (s) de Relaciones Exteriores, Carolina Valdivia, no quiso aclarar si efectivamente ha sido nuestro país el impulsor de esta búsqueda por modificar este sistema, y aseguró que esto se viene discutiendo hace ya bastante tiempo entre los presidentes y cancilleres que firman la declaración.
En la oposición, las explicaciones del Ejecutivo no fueron suficientes para acallar las críticas y la desconfianza respecto a las verdaderas intenciones del Gobierno en torno a acotar los roles de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, razón por la cual los diputados Jaime Naranjo del PS Y Tucapel Jiménez del PPD, acusaron un intento por deslegitimar esta instancia multilateral.
Siempre en este tema, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de acuerdo en que solicitan al presidente Piñera, reconsiderar los términos de la declaración dirigida a Pablo Abrao, secretario sjecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
