Luego del anuncio del Gobierno sobre el proyecto que amplía la edad para efectuar controles preventivos de identidad a menores desde los 14 años, especialistas en materia de seguridad criticaron la medida, calificándola de “estigmatizadora” e “impracticable”.
La eventual modificación legal fue anunciada por el Gobierno este jueves y será presentada la próxima semana.
Jorge Araya, especialista en seguridad pública y profesor de la Universidad de Santiago (Usach), argumentó que -en general- los menores no suelen portar su identificación en la calle al salir con amigos.
“Este proyecto pasa a llevar derechos fundamentales y no mejora en nada la seguridad ciudadana”, aseguró.
El además exjefe de la División de Seguridad Pública del Ministerio del Interior, insistió en que existen otras medidas más urgentes que pueden ayudar de manera más efectiva a mejorar la seguridad de la población.
Se enfocó en “una reforma profunda a las policías, mejorar las condiciones de las cárceles y dar más recursos a los municipios, a fin de que implementen programas de reinserción educativa para menores de edad que no están asistiendo al sistema escolar”, detalló.
Araya reconoció que el Gobierno intenta dar señales de preocupación, pero que no es la forma adecuada de hacerlo. “Hay mucho que hacer, pero la idea del Gobierno no está aportando nada en la línea de lo que es realmente importante”, expresó.
Por otro lado, académicos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Talca advirtieron que el control de identidad para menores es una medida “estigmatizadora” y de “populismo punitivo”.
Efectividad
Señalaron que el sistema de control de identidad vigente no ha tenido mayor efectividad, por lo que ampliarlo no tendría sentido. A su vez, acusaron falta de evidencia y datos empíricos que justifiquen la norma.
A juicio del académico Diego Palomo, “pareciera ser una medida que apunta más a satisfacer a la galería, una medida de algún modo ‘facilista’, que se recoge dentro de lo que se entiende como el ‘populismo punitivo’ que no se sustenta sobre pilares que son esenciales a la hora de diseñar políticas públicas”.
“La medida de control preventivo ha mostrado que en realidad hay un despliegue más bien efectista que efectivo, que posterga en definitiva o malgasta los escasos recursos que tiene el aparataje estatal para perseguir los eventuales delitos”, agregó.
En la misma línea, Francisco Maldonado, director del Centro de Estudios de Derecho Penal (Cedep) del mismo plantel, añadió que los mecanismos de control aleatorio tienen una efectividad “muy limitada”, en comparación a las alternativas de mayor análisis y procesamiento de información.
“De ser el caso, la propuesta se debería respaldar con análisis que den cuenta de su utilidad, y que hasta el momento no conocemos“, acotó.
Estigmatización
Maldonado consideró preocupante el sesgo para ejercer la medida, “rayando la arbitrariedad”. Explicó que la estigmatización “provoca efectos negativos en el propio destinatario y en la relación de su entorno con las policías (…), favorecen un potencial ejercicio discriminatorio o arbitrario y genera condiciones proclives al abuso”.
“Y no parece que sea el momento de abrir espacios para ello, especialmente tratándose de las policías”, añadió.
Palomo se refirió también al eventual sesgo clasista, pues “expone a las clases más humildes a medidas que afectan mucho más intensamente los derechos que el sistema procesal penal ha venido consolidando desde su entrada en vigencia”. Así, criticó una falta de respaldo estadístico para ello.
Cifras
El jurista Carlos Mora sostuvo que la finalidad de la medida “era poder individualizar a personas que mantuvieran órdenes de detención pendientes a fin de ponerlas a disposición de los tribunales respectivos”, indicó.
Según fuentes del Ministerio del Interior, detalló que entre abril y junio de 2018 se realizaron 1.234.354 controles preventivos. Del total, sólo el 2,4% fue detenido por registrar orden de detención pendiente de un tribunal. “Cifra absolutamente marginal si tomamos en cuenta el costo estatal que trae aparejado la implementación”, dijo.
A su juicio, el proyecto de ampliación se contradice con lo que indican las cifras, “en el sentido de una baja sostenida durante los últimos tres años en la cantidad de menores infractores de Ley, acumulando una caída a nivel nacional del 30%”, concluyó.
