Ante los requerimientos de los parlamentarios de Chile Vamos para objeción de conciencia, por la ley de aborto en tres causales, el Tribunal Constitucional (TC) pidió un informe al Ministerio de Salud y dio un plazo de cinco días para la respuesta, que se cumple hoy.
El informe deberá contener un listado de todos los establecimientos privados que cuenten con recursos del Estado y que realicen atenciones obstétricas y ginecológicas que impliquen uso de pabellón, indica El Mercurio.
El Decreto Supremo Nº67, establece en su Art. 13 que “los establecimientos privados de salud, que hayan suscrito convenios regidos por las disposiciones del DFL Nº36 (1980) del Minsal, no podrán ser objetores de conciencia cuando contemplen prestaciones de obstetricia y ginecología, que por su naturaleza comprendan atenciones en pabellón.
El plazo del TC indica que hoy debería estar lista la nómina solicitada y que ya se informó al Ejecutivo y a la Contraloría sobre la admisibilidad de los requerimientos de inconstitucionalidad presentados por los congresistas de Chile Vamos en contra del artículo citado, en virtud del Art. 119-ter del Código Sanitario.
“El médico cirujano requerido para interrumpir el embarazo por alguna de las causales descritas en el inciso primero del artículo 119 podrá abstenerse de realizarlo cuando hubiese manifestado su objeción de conciencia al director del establecimiento de salud, en forma escrita y previa”, dice la norma, que además incluye a otros profesionales de la salud.
Por otro lado, hubo un pronunciamiento del TC sobre un eventual llamado a audiencias públicas, en los últimos días. No obstante, sólo el ministro Gonzalo García estuvo por conceder dicha acción, la cual se había realizado en un requerimiento contra algunas disposiciones de las Normas Nacionales sobre Regulación de la Fertilidad.
“En la práctica del caso concreto, tratándose de un DS que puede afectar a la ciudadanía en sus derechos constitucionales, resulta evidente el carácter de interés público que reviste el escuchar en audiencia pública a posibles terceros interesados y a las organizaciones que apoyen o impugnen el contenido cuestionado del artículo”, agregó García.
No obstante, sus pares no compartieron la postura.
Por otra parte, el 20 de noviembre, el presidente de la Fundación Casa Común, Fernando Atria, pidió abrir el debate a todos quienes estén interesados en este proceso, pero todavía no hay moción.
