Un nuevo capítulo se sumó durante esta jornada al cuestionado funcionamiento interno de las instituciones uniformadas en nuestro país.

Esto, pues se reveló que el Ejército de Chile reconoció ante la Corte de Apelaciones de Santiago que algunos funcionarios procesados por fraude al fisco fuero ascendidos de grado.

Por medio de un informe reservado que ingresaron el pasado 23 de noviembre al tribunal de alzada capitalino, la institución castrense confirmó que los funcionarios subieron de grado, pese a encontrarse procesados por la justicia, según consigna La Tercera.

La revelación llega en medio de la crisis que enfrenta Ejército luego de que saliera a la luz un audio donde el comandante en Jefe de la propia institución, general Ricardo Martínez, reconocía el tráfico de armas por parte de funcionarios y llamaba a defender con “dientes y muelas” el sistema previsional de las Fuerzas Armadas.

El documento que se conoció este miércoles, surgió en respuesta a un recurso de protección que interpuso el capitán Rafael Harvey Valdés, denunciando la existencia de una “red de protección a la corrupción” en el interior del Ejército, detalla el matutino.

En concreto, el recurso denunciaba supuestos ascensos irregulares que involucran directamente a los funcionarios Nelson Cantillana, Heriberto Cortez, Jacqueline Carrasco y Rafael Villarroel Opazo.

El escrito presentado contiene 11 páginas, en las que se detallan las circunstancias de los ascensos de los cuatro casos que fueron denunciados por Harvey en su recurso, en el que que apuntaba a las instancias evaluadoras de ascensos de la institución, calificando su actuar como ilegal y arbitrario, detalla el mismo medio.

Justificaciones y reconocimientos del Ejército

Respecto a Nelson Cantillana, ascendido al grado mayor en enero de 2011 pese a encontrarse procesado por fraude al fisco, desde el Ejército señalaron en el oficio que “fue ascendido al grado de mayor encontrándose en una de las circunstancias previstas en el ‘Estatuto del Personal para las FAs’, esto es, sometido a proceso por delitos sancionados con pena aflictiva”. Reconociendo así, que se trató de un ascenso irregular.

Posterior a su ascenso, el 13 de octubre de 2012, Cantillana fue finalmente condenado por el Segundo Juzgado Militar y luego absuelto de los cargos.

Para justificar la situación, en el texto se señala que “por la circunstancia que el procesamiento fue informado a la autoridad administrativa correspondiente (Comando de Personal) solo el 5 de noviembre de 2012, lo que evidencia que a la fecha de su ascenso, no existía información disponible que impidiera su promoción”.

Esta falta de información aludida por la institución, sería la misma que habría permitido la materialización de la promoción de Heriberto Cortez, ocurrida el 1 de enero de 2015 mientras se encontraba en prisión preventiva por fraudes que rondaban los 250 millones de pesos. Cortez fue llamado a retiro posteriormente en 2017.

“Al igual que el caso del TCL Cantillana, el ascenso del ex CB1 Cortéz se produjo como consecuencia que el COP (Comando de Personal) no contaba con información respecto de la situación procesal del cabo”, detallaron desde la institución.

Lo mismo, falta de información, es lo que permitió el aumento de grado de la sargento Jacqueline Carrasco, procesada por dos delitos vinculados al conocido Milicogate.

En el caso del coronel Rafael Villarroel Opazo, cuyo ascenso se produjo el 1 de diciembre de 2014, desde el Ejército manifestaron que se materializó su promoción una vez ya se había revocado el procesamiento en su contra, pues Villaroel fue investigado formalmente por la Fiscalía Militar de Punta Arenas desde noviembre de 2013. Proceso que fue revocado por la Corte Marcial 3 meses después.