El fiscal Eugenio Campos, a cargo de indagar el megafraude en Carabineros denominado Pacogate, acudió la semana pasada a Contraloría para incautar correos electrónicos de funcionarios que podrían estar vinculados con la desaparición de un sumario que pudo evitar el millonario desfalco y aparece como “anulado”.
De acuerdo a La Tercera PM, buscaron documentos de personas que se desempeñaban en 2010 en el área de control, del excontralor Ramiro Mendoza y la actual subcontralora Dorothy Pérez. Estos últimos ya han declarado en la causa.
En concreto, se trata de determinar qué ocurrió para que se frene la investigación a Carabineros. Entre lo que se revisa hay una reunión en junio de 2010 entre Mendoza y el entonces general director Eduardo Gordon, quien fue formalizado por malversación de caudales públicos.
Seis días después de aquella cita, precisó el medio, se concluyó la investigación de manera irregular. Posteriormente, se facilitó el pago de las deudas indagadas y que Carabineros atribuyó a un problema de software de remuneraciones, el mismo que permitió el Pacogate.
Al ser consultado por la diligencia de Campos, Mendoza sólo afirmó que “sabía eso. No tengo problemas en ello”.
Asimismo, Pérez añadió que “le aclaro que mis mails no han sido incautados y que en mi calidad de testigo, yo he aportado documentos físicos y electrónicos para colaborar con la investigación”.
“Los antecedentes acreditan que sólo a contar del año 2011, el monitoreo directo y la dirección superior del Área de Control Disciplinario e Inspectivo (CDCI), pasó a depender de mí. Previamente, dicha área era dirigida y su trabajo (incluyendo los sumarios) era monitoreado por otras jefaturas”, detalló.
“…los dos funcionarios que declararon como imputados y que fueron despedidos por el señor Contralor, auditaron a Carabineros desde los años 90 y hasta el año 2007, mientras que yo recién llegué a la División de Auditoría 3 años después, a mediados de 2010″, sentenció.
Desde Contraloría, en tanto, indicaron que no existe la “anulación” en la administración pública, puesto que finalizan con sanción, sobreseimiento o absolución. Aseguraron que es materia de investigación las circunstancias en que se perdió el documento.
La citación de Dorothy Pérez a declarar por este caso produjo el problema aún vigente entre el contralor Jorge Bermudez y ella, el cual será decidido en tribunales.
En agosto, las indagatorias del fiscal Campos arrojaron que el fraude superó la barrera de los $28 mil millones.
En abril, en tanto, en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago reformalizaron a 35 funcionarios en retiro por su presunta responsabilidad, imputando delitos de asociación ilícita, malversación de caudales públicos y lavado de activos.
