Este martes, el fiscal nacional Jorge Abbott negó intervención en los casos de financiamiento ilegal de la política, durante la presentación de su defensa ante la Corte Suprema.
Instancia provocada por la solicitud de destitución emitida por parlamentarios del Frente Amplio, por una eventual negligencia manifiesta en actos de su cargo.
Los denunciantes cuestionan la reunión de Abbott con el exsenador y actual ministro de Justicia, Hernán Larraín, por el caso Penta; una reunión con el abogado de Santiago Valdés, imputado del caso Penta; y otra, con la defensa de Patricio Contesse en el caso SQM.
Además lo acusan de presuntas prácticas anti sindicales y responsabilidad en los supuestos malos tratos de parte de una abogada de la Fiscalía Nacional a otra funcionaria.
Durante su exposición en la causa, el persecutor reconoció que se equivocó cuando llamó a cuidar los quorum del Congreso. Ahora, el máximo tribunal deberá establecer fecha para los alegatos y resolver el requerimiento.
Dos horas duró su declaración, donde tuvo que enfrentar las preguntas de los abogados que representan a los diez parlamentarios acusadores.
Abbott precisó que no intervino en el caso Penta por petición del entonces senador y actual ministro de justicia Hernán Larraín, y calificó de gravísimo que una dirigente sindical denunciara violaciones a los derechos humanos en su institución, para después negarse a entregar antecedentes.
Tras la audiencia, consultado sobre lo inédito de este procedimiento, el fiscal nacional valoró la posibilidad de defenderse y destacó que en nuestro país nadie está por sobre la ley.
Reconoció, además, que en su discurso de la cuenta anual debió plantear de otra manera la celeridad que pidió para los casos políticos.
Agregó que, si tuviera que hacer una autocrítica, “a lo mejor lo debí haber planteado como una proposición de una modificación legal, que termine ya los privilegios que tienen los parlamentarios, como el fuero o el plazo de prescripción de 2 años para delitos electorales”.
Optimismo acusatorio
Inti Salamanca, abogado de los diputados que piden la destitución, hizo un positivo balance de las dos jornadas de la etapa probatoria y se manifestó optimista.
“Por primera vez en la historia de Chile, hemos tenido al fiscal nacional declarando en calidad de inculpado. El testigo fue conteste, salvo en algunos casos donde en algunas preguntas fue un poquito hostil, pero la verdad es que se desarrolló de buena manera”, dijo.
“Hemos recabado antecedentes necesarios que nos van a permitir que, en la audiencia de pleno, cuando tengamos la oportunidad de exponer, logremos acreditar que el fiscal nacional ha incurrido en una negligencia manifiesta en el ejercicio de sus funciones”, agregó.
El ministro instructor de la causa, Héctor Carreño, explicó que los audios de las audiencias, con la prueba testimonial y documental, serán transcritos para que sean conocidos por el pleno de la Corte Suprema, el que fijará fecha para los alegatos.
“Efectivamente es la primera vez que tiene a cabo una actuación de este tipo en la historia de la República. Va a venir ahora la etapa de la resolución del tribunal pleno de la Corte Suprema respecto al fondo del asunto”, indicó Carreño.
Una vez que se registre la audiencia de los alegatos, la Corte Suprema quedará en condiciones de votar la destitución solicitada contra Abbott.
Dichos de Abbott
Respecto de sus cuestionamientos en cuanto al denominado caso Penta, aseguró que “no tengo ninguna inhabilidad legal, simplemente yo por una mayor profundidad en materia de probidad decidí no seguir con la causa Penta, que estaba a cargo del fiscal Sabas Chahuán”.
Esto último, argumentó, “producto de mi parentezco con quien se desempeñaba como presidente de las empresas Penta. Pero ese parentezco no constituye una inhabilidad legal, puesto que ésta sólo se produce ante los parientes hasta el segundo grado, y el pariente al que me refiero es de cuarto grado”.
Abbott, quien este lunes fue defendido -mediante sus declaraciones- por los fiscales que persiguen causas políticas, como Corpesca, Penta y SQM, sostuvo que “jamás he dado una instrucción particular porque está prohibido para el fiscal nacional hacerlo”.
“Me preocupo especialmente de cumplir esa obligación legal porque eso significa un contrapeso dentro del Ministerio Público. Sería impensable tener un fiscal nacional que tenga la plenitud de las atribuciones de la persecusión penal en Chile, eso a mi juicio es incompatible con un Estado democrático de derecho”.
Esta nota se hizo con información recopilada por el periodista de Radio Bío Bío de Santiago, Erik López.
