El Consejo de Defensa del Estado se querelló en contra de cuatro reos del penal Punta Peuco, quienes reciben pensiones de invalidez entregadas por la Caja de Previsión de la Defensa Nacional, Capredena. Se trata de una investigación por presunto fraude al Fisco que inició la Fiscalía Metropolitana Centro Norte en 2017.
Hasta ahora sólo existía un querellante, no obstante el 8 de mayo el CDE presentó la acción legal en contra de cuatro internos condenados por delitos de lesa humanidad, quienes al momento de ingresar al penal no habrían manifestado a Gendarmería tener impedimentos físicos, no obstante, reciben millonarias pensiones por inutilidad de segunda clase.
Se trata de Enrique Neira, cuya pensión supera los $2 millones 600 mil; Patricio Ferrer, quien mensualmente recibe $2 millones 160 mil, Jaime Torres, cuyo monto mensual supera el millón 640 mil pesos; y Rubén Fiedler, quien recibe $1 millón 340 mil.
El Consejo de Defensa del Estado también presentó acciones legales en contra de los funcionarios que integraron las comisiones de salud del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, cuyo diagnóstico permitió el otorgamiento de estas pensiones.
El abogado que representa a los internos de Punta Peuco, Raúl Meza, calificó de graves las acusaciones del organismo encargado de resguardar los intereses del Fisco, al cuestionar la probidad y competencias de quienes participan en el proceso de otorgamiento de pensiones.
Junto a esta querella, el CDE también se hizo parte en la investigación por el pago de pensiones de invalidez en contra del exoficial del Ejército y parte de la CNI, Emilio Neira Donoso, el exoficial FACH, Patricio Ferrer Ducaud y la abogada Patricia Rivera.
