El ministro del Interior, Andrés Chadwick, anunció que se trabaja con Carabineros en la especialización de un grupo “antiterrorista”, luego de participar en la Mesa Interregional de Violencia Rural.
En tanto, desde el Ministerio Público aseguraron que se debe abordar con la misma fuerza los delitos aunque no sean catalogados como terroristas.
Abordar las situaciones de violencia rural en el sur del país fueron los puntos analizados en la reunión de la mesa interregional de violencia rural del Ministerio Público, realizada en la Fiscalía Nacional.
Pasadas las 13:00 horas llegaron autoridades de gobierno, entre ellos, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, además del fiscal nacional, Jorge Abbott, quienes se reunieron con el general director de Carabineros, Hermes Soto, y el director de la PDI, Héctor Espinosa.
Han sido 17 las reuniones de mesa de violencia rural orientadas a la coordinación de las policías y el Ministerio del Interior, concretadas en distintas regiones de la macrozona sur del país. La protección integral a las víctimas y los fenómenos de violencia rural también fueron abordados en el encuentro.
Luego de participar en la reunión, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, anunció que ya se está trabajando con Carabineros en la especialización de un grupo “antiterrorista” de la policía uniformada en la zona sur.
El director de la unidad de delitos violentos del Ministerio Público, Rolando Melo, indicó que se deben abordar con la misma fuerza los delitos, aunque no sean catalogados ni condenados como actos terroristas.
Si bien el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, no integra la mesa, fue invitado a participar de la instancia, por su trabajo como persecutor de la investigación de la Operación Huracán. Palma explicó su rol en la indagatoria, eso sí, sin mayor profundización.
A las regiones del Bío Bío, La Araucanía y Los Ríos se sumó Los Lagos, con el propósito de dar cuenta de las realidades regionales de la violencia rural.
En tanto, los fiscales regionales concordaron en la necesidad de mejorar el trabajo en flagrancia de los delitos cometidos en contexto de violencia rural.
