La Corte de Apelaciones de Valdivia rechazó la solicitud de desafuero en contra del diputado socialista Fidel Espinoza Sandoval, quien fue acusado por injurias por parte de una abogada.
Se trató de una acción legal interpuesta por la abogada Orietta Llauca Huala, por los supuestos delito de injurias graves con publicidad y calumnias en que habría incurrido el parlamentario en marzo pasado, en una sede comunal y a través de diversos medios de comunicación.
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El caso se originó luego que el parlamentario criticara a la jurista en medio de una reunión con vecinos en Osorno, a propósito del Caso Francke, en el que durante los años 90 se construyeron casas en Osorno, en terrenos que eran inundables y en donde la abogada representa jurídicamente a los afectados.
Según la abogada Llauca, fue difamada por el diputado socialista, quien la habría señalado como estafadora o evasora de impuestos, luego de un reunión donde analizó la demanda que la jurista lleva contra el Estado en representación de 160 familias que han visto cómo sus casas se destruyen por estar a orillas del río Rahue.
De acuerdo a Espinoza, él en ningún caso la difamó, pero con la solicitud se abre la posibilidad de aclarar qué fue lo que pasó con la demanda de los vecinos de Francke, por la cual la abogada habría recibido más de 5 millones de pesos, pero que no habría sido aceptada en los tribunales por estar prescrita, debido a que se trata de un caso que se arrastra desde hace más de 20 años.
No obstante, en fallo unánime, el pleno del tribunal de alzada no dio lugar a la formación de causa en contra del parlamentario.
La resolución agrega que: “de los medios de convicción allegados a la causa, antes detallados y alegaciones esgrimidas por las partes, no es posible concluir en el caso en comento que las atribuciones fácticas dirigidas a la abogada Orietta Llauca Huala, pueden ser concebidas como expresiones injuriosas, por cuanto del audio acompañado y que da testimonio de la reunión realizada en una sede comunal de Osorno el día 12 de marzo de 2016, consta que la participación del parlamentario se produjo a requerimiento de los propios dirigentes vecinales del sector Francke”.
“Se estima –continúa– (…) que tampoco concurren indicios graves y serios de la existencia del delito de injurias, pues al igual que en el caso de las demás opiniones y juicios de valor proferidos por el parlamentario durante su intervención en la reunión del día 12 de marzo de 2017, aparece que sus dichos se exteriorizan en el marco de su actividad parlamentaria fiscalizadora distrital y sobre la base de antecedentes concretos, sin que se puede concluir una intención de ofender a la querellante, pues únicamente se limita a emitir una consideración personal ante una situación de hecho dada, la que como se dijo, fue puesta en conocimiento de las autoridades encargadas de ejercitar la acción penal correspondiente”, agrega.
