El Consorcio de Universidades del Estado criticó la “mirada pasiva” y “sin fiscalizaciones pertinentes” del Gobierno en torno a la revelación del modelo de negocios que considera la obtención de lucro por parte del Grupo Laureate.

A través de una carta publicada en el diario El Mercurio, el CUECh señaló que la evidencia de malas prácticas que comprometen recursos públicos en las universidades que componen este holding, es un hecho conocido públicamente desde 2006 y ratificado por el propio grupo controlador luego de intentar ingresar a la Bolsa de Valores de EEUU.

“Consideramos que no se ha tenido la voluntad suficiente para investigar estos hechos y aplicar las sanciones que correspondan, lo que queda de manifiesto en la nimia conceptualización de lucro contenida en el proyecto de Reforma a la Educación Superior y la débil prerrogativa administrativa y no jurisdiccional que se considera para su sanción, a sabiendas que este tema ha sido uno de los nudos críticos de la discusión pública”, agrega.

Por ello, indican que les “parece también pertinente y relevante destacar que estos hechos dan la razón a la actitud prudente y rigurosa que hemos tenido respecto de la incorporación de universidades al régimen de gratuidad, al Sistema Único de Admisión y al Consejo de Rectores, de los cuales formamos parte. También estos hechos y sus implicancias refuerzan la importancia de contar con un Consejo de Rectores con requisitos exigentes para el ingreso de nuevas universidades privadas”.

Por otro lado, “nos parece de extrema gravedad que durante mucho tiempo estas universidades hayan hecho uso de fondos públicos, bajo la mirada más bien pasiva y sin las fiscalizaciones pertinentes de la autoridad. Desde la perspectiva de la moral pública, ha habido una desviación ilícita de recursos fiscales hacia fines no académicos ni de investigación, lo que simplemente convierte a la educación en un gran negocio“.

En posesión de todos los antecedentes, los rectores piden a las autoridades administrativas competentes “pronunciarse formalmente respecto de este y otros casos de lucro en la educación superior, iniciando las investigaciones pertinentes que logren esclarecer estos hechos, cuyos resultados deberán ser informados a la comunidad de manera oportuna y transparente”.