La Asociación Nacional de Fiscales del Ministerio Público rechazó la decisión del fiscal nacional, Jorge Abott de sacar a Emiliano Arias del caso Corpesca y acusaron que una mala aplicación del código incluido en la “Agenda Corta Antidelincuencia” y usado en este caso, podría buscar “mantener desinformada a la ciudadanía“.
Respecto a los motivos aludidos para su remoción, desde la asociación declararon que la interpretación del deber de reserva, “no puede llegar al extremo de impedir a los fiscales regionales y adjuntos, emitir opiniones de carácter general y que no afectan a la investigación”, menos cuando se trata de expresiones ya expuestas públicamente ante tribunales.
Aún más grave, acusan, es que se adopte esta medida invocando el artículo 64 de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público, norma modificada recientemente en el marco de la “Agenda Corta Antidelincuencia” y que, “mal interpretada, puede sólo emplearse para privar a la opinión pública de información relevante en casos de alto interés ciudadano“.
A parecer de los fiscales, lo ocurrido refuerza las aprehensiones que tuvieron en la tramitación de esta ley, “porque, en definitiva, cuando investigaciones afecten a grupos de poder, se ha de valer la presente norma para conseguir mantener desinformada a la ciudadanía“.
En el comunicado también rechazan que Abott haya utilizado sus potestades como una forma de sancionar a un fiscal por el cual no existe ningún reproche por cómo ha llevado la investigación.
En la misma linea, se oponen el sumario anunciado contra el fiscal Arias debido a que el fundamento aludido para iniciarlo, son las declaraciones de Arias a un medio de comunicación social, que apunta a “transparentar los procesos judiciales y que no afectan el honor, la honra o el principio de inocencia respecto de ninguna persona determinada“.
Finalmente, desde el gremio reiteraron su denuncia por la falta de garantías de un debido proceso cuando se investiga a los fiscales.
“Son los fiscales los primeros que deben controlar el respeto de los derechos fundamentales de los imputados. Por lo mismo, no terminamos de comprender cómo es posible que llevemos más de una década con un sistema de responsabilidad administrativa de los fiscales que da nulas garantías de racionalidad y justicia”, acusan.
