El Consejo Constitucional de Francia dirime este viernes el futuro de la reforma de las pensiones impulsada por el Gobierno y por el presidente, Emmanuel Macron, en una jornada que está llamada a ser un punto de inflexión en el debate político y social, y que puede concluir con el veto total o parcial del controvertido proyecto.
Los magistrados tienen ante sí varias posibilidades, ya que el veto o aval al texto no tiene por qué ser definitivo. En juego está una reforma que eleva de 62 a 64 años la edad de jubilación, amplía el periodo necesario de cotización y retira privilegios a ciertos sectores.
Aval completo a la reforma
El horizonte ansiado por el gobierno es que el Consejo Constitucional respalde íntegramente una reforma que ya ha superado el trámite parlamentario, gracias eso sí a una prerrogativa constitucional que permitió al Ejecutivo de Elisabeth Borne sortear la votación en la Asamblea Nacional a costa de someterse a dos mociones de censura.
En este escenario, “casi imposible” en palabras del constitucionalista Paul Cassia, consultado por la cadena BFMTV, los magistrados respaldarían no sólo todos y cada uno los artículos de la ley, sino también los métodos utilizados para sacarla adelante en el Parlamento.
Censura parcial del texto
Los expertos vaticinan como la hipótesis más probable que el Consejo retoque algunos aspectos de la reforma, aunque en este caso la clave estaría en cuáles son las cuestiones que, a ojos de los magistrados, no pasan el filtro constitucional, ya que marcará las reacciones posteriores de las partes.
Así, cabe la posibilidad de que se censuren cuestiones de índole presupuestaria o de tramitación que puedan ser consideradas menores, pero tanto los sindicatos como los partidos de la oposición han disparado contra los principales pilares de la reforma, como el aumento de la edad de jubilación, y han amenazado con seguir con las movilizaciones si no hay cambios sustanciales.
Tumbar la ley
La izquierda reclama directamente el veto total a la ley, una hipótesis prácticamente inédita en la historia reciente de Francia. De las 1.800 leyes examinadas por el Consejo Constitucional desde 1958, sólo ha tumbado una veintena de ellas.
Si los magistrados toman esta vía, el gobierno estaría obligado a empezar de nuevo. En el terreno político, supondría un terremoto teniendo en cuenta que ha defendido la ley a capa y espada y a que el propio Macron ha descartado incluso modificar la composición del gabinete para tratar de capear la polémica.
El referéndum
Al margen de la consideración de la ley, el Consejo Constitucional debe determinar si avala el referéndum de iniciativa compartida (RIP), con el que los sindicatos y los partidos de izquierda quieren pulsar la opinión de la ciudadanía sobre el futuro del sistema público de pensiones en Francia.
Este procedimiento nunca ha prosperado desde que se introdujo en la Constitución en el año 2008 y el objetivo de la izquierda es, en última instancia, blindar por ley que la edad de jubilación no pueda modificarse para retrasarla más allá de los 62 años.
En caso de que los magistrados respaldasen la iniciativa, se abriría un periodo de recogida de firmas. Una décima parte de los electores -algo menos de 4,9 millones de franceses- deben respaldar en un plazo máximo de nueve meses la convocatoria de un referéndum.
