Falta sólo un día para que los llamados "sabios" del Consejo Constitucional decidan si la polémica reforma de jubilaciones impulsada por el presidente Emmanuel Macron es constitucional o no. Mientras tanto, la huelga y la calle hacen presión en la duodécima jornada de protestas, menos seguida que las anteriores. En París, la CGT reivindica 400.000 manifestantes.
El descontento hacia la Reforma de Pensiones continúa encendido en toda Francia. La posición férrea de Macron y el fracaso de los diálogos entre los sindicatos y la primera ministra, Elisabeth Borne, sólo han logrado acumular más huelgas y manifestaciones de calle.
Este jueves se vive la jornada número doce de esas protestas, a la espera de la decisión del Consejo Constitucional que anunciará si el texto de la reforma de jubilaciones – que propone retrasar la edad de retiro de 62 a 64 años- está en línea o no con la constitución francesa.
Aunque la movilización llegó a contar el 7 de marzo con entre 1,28 millones de manifestantes, según la policía, y 3,5 millones para el sindicato CGT (confédération générale du travail por sus siglas en francés), esta ha caído considerablemente desde entonces.
Las autoridades cifran en 400.000 los manifestantes en toda Francia y en 42.000 en la capital, mientras que el sindicato cegetista habla de 400.000 sólo en París.
Protestas en Francia tienen alcance menor en sectores de transporte y energía
En cuanto a los huelguistas, sólo el 3,8% de los funcionarios de la Admnistración francesa se unieron a la huelga, la semana pasada fueron 6,5%. En los hospitales públicos el porcentaje de huelguistas fue del 4,2% contra el 5,9% de la semana pasada. Todo indica que el movimiento pierde fuerza después de tres meses de protestas.
La huelga en sectores clave como el transporte y la energía también tiene un alcance menor, si bien los recolectores de basura de París anunciaron retomar su paro, después que uno anterior de tres semanas dejara hasta 10.000 toneladas de basura acumuladas en las calles.
Pese al rechazo sindical y de una mayoría de franceses, según los sondeos, el gobierno francés se niega a retirar su reforma y espera ahora la decisión del Consejo Constitucional, que de validarla abriría la puerta a su promulgación.
Debate y votación del Consejo Constitucional
El presidente Laurent Fabius y los otros ocho miembros del Consejo Constitucional, incluido el exprimer ministro Alain Juppé y la exministra Jacqueline Gouraud, tendrán que decidir dos aspectos sobre la reforma.
Por un lado, se encuentra la conformidad del procedimiento utilizado para aprobarla. Y aquí el Consejo debe poner la lupa en el artículo 49.3 de la Constitución francesa, el recurso utilizado por Emmanuel Macron para aprobar la ley sin esperar la votación de la Asamblea Nacional, donde sabía que no contaba con los votos suficientes. ¿Fue constitucional haber aprobado la reforma de pensiones a través del 49.3? Los “sabios” dirán.
Sin embargo, está también la evaluación del texto en sí mismo. Y en este sentido hay numerosas preguntas que responder: ¿es posible tener una reforma de pensiones en un texto de financiamiento de la seguridad social? ¿son conformes a la Constitución las disposiciones contenidas en la ley?
El Consejo Constitucional debe, entonces, valorar la ley en forma y sustancia para dar su veredicto este viernes 14 de abril.
Macron: “El país debe seguir avanzando”
Al respecto, durante una rueda de prensa en Ámsterdam, el presidente Emmanuel Macron dijo que “el país debe seguir avanzando”.
En dicha instancia, el mandatario francés anunció que propondrá una reunión a los actores sociales para ver cómo “seguir adelante”, independientemente de la decisión de la institución.
No obstante, la tarea no se anuncia fácil. El conflicto social se encuentra enquistado en Francia y cada parte campa en sus posiciones.
Además, la relación se tensó en las últimas semanas entre Macron y los líderes sindicales, sobre todo con el moderado Laurent Berger, de la CFDT, primer sindicato del sector privado del país.
Los sindicatos acusan al presidente de no escuchar el rechazo y de imponer por decreto la reforma, al temer perder la votación en el Parlamento, provocando en su opinión una “crisis democrática” y beneficiando a la ultraderechista Marine Le Pen, que sube en los sondeos.
