Si este viernes, a la medianoche, no se llega a un acuerdo en el Senado sobre la financiación del muro que Donald Trump exige en la frontera con México, el gobierno de Estados Unidos podría “cerrar” (entrar en shutdown).
Los estadounidenses están acostumbrados a estas estrategias fiscales que precipitan el cierre de servicios considerados “no esenciales” por el gobierno federal, que súbitamente se ven privados de fondos. Cuanto más duren estos bloqueos, más graves son sus consecuencias.
El último “cierre”, el primero de la administración de Trump en enero de 2018, duró tres días. El anterior, en octubre de 2013, había sido mucho más largo, de 16 días, pero estuvo lejos del récord de 21 días en 1995-1996.
Esta vez, Trump dijo que estaba listo para un bloqueo “muy largo”, mientras persigue el objetivo de obtener fondos para el muro que ha sido el hilo conductor de su política migratoria.
Aunque alrededor del 75% de los departamentos federales han aprobado presupuestos para varios meses y no se verán afectados, algunos departamentos importantes verán interrumpidas sus labores, incluidos los de Seguridad Nacional, Justicia, Comercio, Transporte, Vivienda y Tesorería.
Incluso el de Interior, que gestiona los parques nacionales, muy visitados durante este tiempo de celebraciones, como el Gran Cañón.
Estas atracciones aún no habían comunicado al mediodía de este viernes qué harían en caso de que se confirme el bloqueo.
En el “cierre” de enero de 2018, causado por un desacuerdo sobre la política migratoria, la mayoría de los parques permanecieron abiertos pero redujeron su personal y sus servicios al público (tiendas, restaurantes y otros).
La Estatua de la Libertad podría volverse inaccesible: estuvo cerrada por dos días en enero, antes de que el estado de Nueva York la reabriera con financiamiento propio, de 65.000 dólares por día. Los principales museos Smithsonian en Washington también fueron obligados a cerrar.
En tanto, el diario The Washington Post estimó que se les pediría a 480.000 empleados federales que se quedaran en sus casas mientras que la cadena económica de CNBC reportó que 350.000 personas se quedarían técnicamente sin trabajo.
Por otro lado, la Casa Blanca, el Congreso, la justicia, la policía, el transporte aéreo, los servicios postales y los servicios que se consideran esenciales para la seguridad y la protección del país se verán mermados.
Casi 420.000 personas tendrían que trabajar sin pago inmediato, incluidos los agentes del FBI y la agencia antidrogas de la DEA, o la mayoría de los empleados del Ministerio de Seguridad Nacional, de los que dependen las fronteras y el transporte, según la CNBC.
