VER RESUMEN

Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

Durante la audiencia de formalización de una red de estafas de alto impacto económico, se reveló que una banda de 13 integrantes operaba desde la cárcel, simulando ser detectives de la PDI y ejecutivos bancarios para estafar a sus víctimas. La líder, identificada como Jenny Ramos, era una "influencer" con más de 100 mil seguidores en redes sociales, quien junto a su pareja, Pablo Alvarado, dirigía las estafas desde la prisión.

Durante la jornada de ayer lunes continuó la audiencia de formalización en contra de 11 personas detenidas por su presunta participación en una red de estafas de alto impacto económico a nivel nacional, entre ellas, la actriz Amparo Noguera, quien fue estafada por $700 millones.

Según expuso el Ministerio Público, se trata de una organización criminal que operaba de manera coordinada desde el interior de recintos penitenciarios, utilizando identidades falsas y simulando ser funcionarios de instituciones públicas y bancarias.

La banda, compuesta por un total de 13 integrantes y 2 de los cuales encuentran prófugos, logró articular un sofisticado mecanismo de engaño que incluía llamados telefónicos y contactos digitales en los que los imputados se hacían pasar por detectives de la Policía de Investigaciones (PDI) y ejecutivos bancarios.

De los 13 involucrados, tres de ellos participaron en la audiencia de manera telemática, ya que están recluidos en el recinto penitenciario de La Serena de la región de Coquimbo.

La “influencer”

Uno de los aspectos que más llamó la atención durante la audiencia fue el rol que cumplía la líder de la organización, identificada como Jenny Ramos, de 41 años, quien contaba con una alta exposición pública en redes sociales.

La mujer era conocida como “influencer” y acumulaba más de 100 mil seguidores, principalmente en plataformas como Instagram y TikTok, donde exhibía un estilo de vida asociado al lujo, con publicaciones frecuentes de joyas, vehículos de alta gama y viajes.

De acuerdo a los antecedentes, Ramos operaba en conjunto con su pareja, Pablo Alvarado, quien se encuentra privado de libertad desde 2022 en la cárcel de Huachalalume. Desde el interior del penal, Alvarado cumplía el rol de falso ejecutivo bancario, coordinando las estafas y dirigiendo a otros integrantes de la banda que también se encontraban recluidos.

La investigación estableció que Jenny Ramos, junto a otra mujer imputada, era la encargada de captar a las víctimas. Para ello, se presentaban como ejecutivas de entidades financieras que advertían sobre supuestos ataques de una banda extranjera a las cuentas bancarias de los afectados.

Una vez generado el temor, las víctimas eran derivadas a falsos funcionarios de la PDI y a supuestos ejecutivos bancarios, quienes completaban el engaño y lograban la transferencia de cuantiosos montos de dinero.

Según se estableció, la mujer también cumplía la función de administrar los dineros obtenidos a través de las estafas, centralizando los recursos y distribuyéndolos entre los distintos integrantes de la red. Tanto ella como su pareja ya habían sido vinculados anteriormente a hechos de extrema gravedad.

El contacto con sicarios desde la cárcel

En efecto, la pareja fue vinculada a la contratación, en 2019, de Raimundo Osses Sepúlveda con el objetivo de que este asesinara a una pareja que había sido socia de Alvarado en los delitos de estafas telefónicas.

El pago ofrecido por el crimen habría sido de $10 millones, tras lo cual, Osses viajó a Valdivia, logrando ubicar a las víctimas. Sin embargo, no concretó el homicidio y, de acuerdo a la mujer afectada, simuló un ataque.

Al enterarse del “engaño”, Alvarado y Ramos habrían contactado a un segundo sicario, identificado con las iniciales J.J.O., para asesinar a Raimundo Osses.

Para este nuevo plan criminal, y dada la calidad de interno de Alvarado en la cárcel de Rancagua, a este último le correspondió la organización y facilitación de medios, incluyendo la entrega de armas a su pareja domiciliada en Santiago.

Durante la formalización, se reveló que el historial delictual de Pablo Alvarado es todavía más amplio, pues registra antecedentes por hurto simple, usurpación de nombre, receptación, maltrato a Carabineros, robo con violencia e intimidación y robo con fuerza en lugar habitado.

Además, el imputado había protagonizado hechos de alta connotación pública como el ocurrido en agosto de 2012, cuando se fugó de la cárcel de Río Bueno. Un mes después de su fuga, participó en un violento asalto al domicilio del entonces vicerrector de la Universidad San Sebastián en Valdivia, siendo el único integrante de la banda que logró escapar.

Tras permanecer prófugo por un tiempo, fue finalmente capturado luego de cometer un robo en una vivienda de Paillaco, desde donde sustrajo un botín cercano al millón y medio de pesos. Más recientemente, el 9 de enero de 2025, Alvarado estuvo involucrado en una riña masiva ocurrida en el módulo 44 de la cárcel de Huachalalume.

A raíz de estos hechos, su defensa había solicitado su traslado a un penal de Santiago, argumentando problemas de seguridad con otros internos y la necesidad de estar más cerca de su grupo familiar.