La contralora general de la República, Dorothy Pérez, dio a conocer sus cuestionamientos y críticas al proyecto de reajuste al sector público presentado por el Ejecutivo, haciendo especial énfasis en sus descargos hacia la norma de “amarre”.
En concreto, la titular de Contraloría se refirió a la polémica propuesta del Gobierno luego de asistir la tarde del lunes a la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.
En la instancia, inició su pronunciamiento mencionando que “la Contraloría no cuenta con la data del conjunto total de asignaciones que están sujetas a reajuste. Y esto nos impide validar la proyección de estos gastos, como se requirió en la invitación”.
En esa línea, si bien reconoció que “se han sostenido reuniones con la Dipres para revisar la metodología de trabajo”, existen “otros componentes de gasto, por ejemplo, los aguinaldos y los bonos”.
“No tenemos como validarlos porque no están los antecedentes relativos a las personas que van a ser beneficiarias de estos aguinaldos y bonos, ni tampoco los tramos de sueldos entre los cuales se va a asignar estos pagos y beneficios”, aseveró.
Por lo demás, la contralora abordó -a modo de ejemplo- casos de funcionarios a contrata que han ingresado al sector público en grados altos y con millonarias remuneraciones.
“Hay personas que son funcionarios públicos que llevan 20 años para subir de grado, 15 años, 18 años que han ido ascendiendo vía carrera”, mencionó. “Sin embargo, de manera oblicua, en distintas épocas, han ingresado personas con grados muy superiores”, señaló, comentando casos registrados desde marzo de 2022.
En ese sentido, cuestionó que algunos de esos nuevos funcionarios a contrata llegan “a veces a realizar la misma función. Lamento decir esto: a veces a aprender de funcionarios de planta, con una remuneración mucho mayor“.
“Los funcionarios nos reclaman: ‘Qué injusticia se produce cuando ingresa alguien de manera directa y nosotros llevamos una década esperando’“, resaltó Dorothy Pérez.
Por lo anterior, apuntó directamente a la norma de “amarre” presentada por el Gobierno del presidente Gabriel Boric y que ha sido duramente criticada por sectores de la oposición. Esto, dado que busca limitar despidos en ciertas situaciones una vez que asuma el próximo Ejecutivo.
“Para los funcionarios que son transitorios -a contrata- (se) establece que por el solo ministerio de la ley expirarán el 31 de diciembre”, explica. “Este artículo lo que está haciendo es modificar de manera directa un régimen estatutario, pero no se hace cargo de los efectos que tiene esta modificación en el resto del sistema, tal como se los expresé con los ejemplos que trajimos”, detalló.
Ante ello, advirtió que dicha norma afectaría gravemente el “corazón” de la carrera funcionaria del resto del personal, sobre todo de quienes han ingresado mediante concursos públicos y desde los estamentos más bajos de cada área.
“El efecto concreto y práctico es que afecta a la carrera funcionaria, porque los funcionarios que han estado haciendo esa carrera pueden ser saltados por terceros que son ajenos a la administración o que han ingresado hace muy poco, que pueden acceder a cargos de mucho mayor grado en desmedro del resto de los funcionarios públicos, que se han desempeñado por largos años en la institución”, recalcó.
Cabe mencionar que la carrera funcionaria se encuentra comprendida por dos partes: personal de planta y de contrata. El primero mantiene una relación laboral fija (o permanente) con el Estado, por lo que posee beneficios y garantías laborales.
Dorothy Pérez advierte que “amarre” altera competencias de Contraloría
La jefa de Contraloría también cargó contra el artículo que establece que el ente contralor no debe intervenir ni informar en los temas judiciales que puedan ser de aspecto litigioso o estén bajo conocimiento de tribunales, ante lo cual solo podría abtenerse.
“Esta norma altera las competencias de un órgano. Esta norma, que es una ley miscelánea, altera directamente las competencias de un órgano de naturaleza autónoma constitucional. Estas competencias específicas le confieren la facultad a la Contraloría de pronunciarse en estas materias”, subrayó.
“El hecho de que se pueda en una ley miscelánea de rango simple, modificar la organización y las atribuciones de los órganos, es una cuestión que más allá del caso de la Contraloría, hay que preguntarse si abrir estos precedentes y estas compuertas es beneficioso”, alertó.
Así las cosas, Dorothy Pérez insistió en que “se está modificando el régimen jurídico de la Contraloría General de la República”. “Esto tiene que verificarse por una norma orgánico constitucional”, agregó.
Cabe mencionar que la discusión del proyecto de reajuste fiscal, con la norma de “amarre”. continúa este martes en la Comisión de Hacienda, donde se espera que se continúe manifestando el rechazo por parte de la oposición.
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