Alberto Fujimori salió en libertad el miércoles tras la orden del Tribunal Constitucional de Perú, pese al requerimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) de pausar su excarcelación hasta examinar el fallo.
Con una cánula nasal de oxígeno y una mascarilla, el expresidente peruano salió por un portón del penal de Barbadillo de Lima un día después de que el TC dispusiera su liberación.
En imágenes difundidas por redes sociales se puede ver a Fujimori siendo recibido por su hija Keiko Fujimori, líder del partido fujimorista Fuerza Popular, y su hijo Kenji.
A su vez, un grupo de cercanos al entorno familiar del exmandatario así como miembros del partido lo saludaron por esta liberación que ha generado polémica en el país.
Tras saludar a los presentes, Fujimori se subió en un vehículo para luego enfilar rumbo a la casa de Keiko, en el barrio residencial de San Borja.
Tal como detalla Agencia EFE, el TC ordenó el martes la liberación con efecto inmediato del expresidente. Esto, luego que el viernes pasado un juzgado de Ica declarara improcedente una primera resolución que restablecía el indulto concedido originalmente en diciembre de 2017 por el entonces presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski.
El jueves la CorteIDH publicó una resolución en la que requería al Estado peruano que se abstuviera de liberar al exgobernante, “con el fin de garantizar la justicia para las víctimas de violaciones a los derechos humanos”. Sin embargo, la justicia peruana lo excarceló de igual manera.
Medios peruanos como RPP precisan que la CorteIDH puede elevar a la Organización de Estados Americanos (OEA) el incumplimiento de Perú a su orden de no liberar a Fujimori, según indica la Convención Americana y el reglamento del tribunal.
“Consideramos que Perú está en desacato de la orden de la CorteIDH. Ahora lo que esperamos es que se activen los mecanismos jurídico-políticos, que la Corte informe al Consejo Permanente (de la OEA)”, indicó en una declaración enviada a EFE el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).
Se trata de una de las organizaciones que representa a las víctimas de los casos La Cantuta y Barrios Altos, masacres por las que el exjefe de Estado estaba encarcelado.
Además de su condena a 25 años de prisión por ambas matanzas, Europa Press consigna que Fujimori enfrenta otro proceso penal por las esterilizaciones forzosas de casi 350.000 mujeres y 25.000 hombres de diferentes comunidades indígenas durante su mandato.
