El indulto, otorgado el 24 de diciembre 2017, ya había sido anulado por el Poder Judicial en 2018, luego que la CorteIDH pidió al Estado peruano garantizar la administración de justicia para las víctimas de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, los casos por los que Fujimori fue condenado a 25 años de prisión.

Un juzgado de la región Ica en Perú declaró improcedente una resolución del Tribunal Constitucional (TC) que restablecía el indulto a Alberto Fujimori.

Es debido a esta resolución que el exmandatario continuará en prisión.

“El Primer Juzgado de Ica declara improcedente (…) la libertad de Alberto Fujimori, por parte de su despacho por no haber sido estimada la demanda de habeas corpus”.

Así es como reza un mensaje del Poder Judicial peruano que fue publicado hoy en la red social X (antes Twitter).

El presidente del TC, Francisco Morales, afirmó que las autoridades debían “proceder a la excarcelación inmediata” de Fujimori. Lo anterior, a pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) ordenó lo contrario.

“Se debe proceder a cumplir la anterior sentencia”, declaró Morales al Canal N de televisión.

Esto, al aclarar un auto del TC que declaró improcedente una consulta del Ministerio de Justicia sobre el indulto otorgado a Fujimori en 2017.

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Pero la resolución de siete páginas firmada por el magistrado Vicente Fernández Tapia detalla que la demanda de habeas corpus no ha sido estimada ante el citado tribunal. Todo esto, al carecer de competencia conforme al último párrafo del artículo 27 del Nuevo Código Procesal.

En su decisión, el juzgado de Ica también dispuso “que se devuelva todo lo actuado al Tribunal Constitucional para que proceda la ejecución de la sentencia”.

Horas antes de la decisión, la CIDH expresó su preocupación ante la posibilidad de que la resolución del TC llevara a la excarcelación de Fujimori.