Perú solicitará a Chile la ampliación de la extradición del encarcelado expresidente Alberto Fujimori (1999-2000), para que se le pueda enjuiciar en un proceso penal por las miles de "esterilizaciones forzadas" de mujeres efectuadas entre 1996 y 2000, informó el Poder Judicial peruano.
El juez Rafael Martínez decidió el sábado enjuiciar al expresidente de Perú, Alberto Fujimori y varios exministros por el caso. El Poder Judicial peruano informó más tarde que, a petición de la defensa del exmandatario, se suspendió el procesamiento.
Esto, por no hallarse dentro del convenio de extradición entre Santiago y Lima por el que Fujimori volvió a Perú en 2007.
La fiscal del caso, Carmen Rosa Crisóstomo, indicó que el Ministerio Público “oportunamente presentará la ampliación de solicitud de extradición” a Chile.
Martínez afirmó que Fujimori -que cumple una condena de 25 años de prisión- no podía por ahora ser procesado por las “esterilizaciones forzadas”.
Lo anterior, ya que esta causa no se incluyó en el pedido de extradición desde nuestro país, concedida por delitos de violaciones de dd.hh. y corrupción.
En la misma audiencia, realizada de forma virtual, el magistrado decidió abrir también proceso penal a “los exministros Eduardo Yong, Marino Costa y Alejandro Aguinaga, y a Ulises Jorge Aguilar, como presuntos autores mediatos por dominio en aparato organizado de poder”.
“Se les procesará por ser presuntos autores del delito contra la vida, el cuerpo y la salud -lesiones graves seguidas de muerte en el contexto de grave violación de derechos humanos-“.
Extradición a Alberto Fujimori
La proceso penal de las “esterilizaciones forzadas” cuenta con 1.317 demandantes y se inició en 2002, siendo archivado y reabierto varias veces.
Entre los acusados está Alejandro Aguinaga, médico del propio Fujimori, exministro de Salud y actual congresista por Fuerza Popular, el partido político que lidera Keiko Fujimori, hija y heredera política del expresidente.
Se estima que unas 270.000 personas de nacionalidad peruana y además pobres, muchas de ellas indígenas, fueron sometidas a cirugías de ligadura de las trompas de Falopio.
Esto, como parte del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar que Fujimori llevó a cabo en sus últimos cuatro años en el poder.
La mayoría de las víctimas eran indígenas de provincias. Una de ellas dijo que en 1997, cuando tenía 19 años, fue a vacunar a su bebé al consultorio y le ligaron las trompas.
El cuestionado programa buscaba reducir la tasa de natalidad para impulsar el desarrollo económico. En estas cirugías murieron 18 mujeres, según datos oficiales.
