La alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU y expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, actualizó este viernes su reporte sobre la situación en Venezuela, denunciando que el régimen de Nicolás Maduro sería responsable de más de 2.000 muertes entre enero y agosto de 2020.
En su alocución durante la sesión del Consejo de Derechos Humanos, expresó que “me preocupan los altos números de muertes de jóvenes en barrios marginados como resultado de operativos de seguridad. Basado en un análisis de fuentes abiertas, mi Oficina registró 711 muertes de junio a agosto, llegando a más de 2,000 muertes desde enero de 2020”.
De este total, que alcanza 2.039 personas, once eran mujeres y la edad media de los fallecidos era de 26 años.
Destacó sin embargo las detenciones de 5 integrantes de las Fuerzas de Acción Especiales (FAES), presuntamente responsables de la muerte de dos personas en Zulia el 21 de agosto. “Las declaraciones públicas del Fiscal General sobre este caso muestran un patrón similar al documentado por mi Oficina, en los que, tras ejecutar a las víctimas ya neutralizadas, los cuerpos de seguridad las roban y manipulan la evidencia para presentar los hechos como un enfrentamiento”, detalló.
Asimismo, otros 70 funcionarios de la misma división han sido imputados recientemente según el Ministerio Público del país.
“Además, observamos restricciones a la libertad de expresión” dijo Bachelet, citando ataques a defensores de los derechos humanos y periodistas detenidos.
Por otro lado, también apuntó contra el Tribunal Supremo de Justicia venezolano, por sus decisiones “que obstruyen la libertad de selección de los representantes de siete partidos políticos y el nombramiento no consensuado de los miembros de Consejo Nacional Electoral (CNE), así como la modificación por parte de este Consejo del mecanismo de selección de representantes indígenas para la Asamblea Nacional, de los cambios al sistema electoral y a la composición de la Asamblea Nacional sin un proceso inclusivo de consulta previa”.
Instó a continuar la liberación de personas “que siguen privadas arbitrariamente de libertad por ejercer sus derechos” y a avanzar en “la construcción de acuerdos para alcanzar condiciones para el desarrollo de procesos electorales creíbles, libres, inclusivos y equitativos”, de cara a las prontas elecciones parlamentarias en Venezuela, denunciadas por la oposición como fraudulentas.
Los informes de Bachelet
La oficina de la Alta Comisionada, que tiene representantes sobre el terreno, informa regularmente al Consejo de Derechos Humanos sobre la situación en Venezuela.
La oficina siguió documentando casos de represión de manifestaciones pacíficas en el contexto del estado de alerta establecido desde marzo, incluidas las detenciones de manifestantes que protestaban contra la escasez de combustible y los bajos salarios y pensiones.
Subrayando que la pandemia de coronavirus se sumaba a otras emergencias preexistentes, como la emergencia alimentaria, reiteró su llamamiento para que se levanten las sanciones económicas internacionales.
“La imposición de sanciones adicionales a las exportaciones de diésel puede agravar aún más la ya crítica escasez de gasolina y obstaculizar la distribución de ayuda humanitaria y bienes esenciales”, dijo la Alta Comisionada.
Venezuela es objeto de sanciones económicas por parte de Estados Unidos, pensadas para poner al presidente Nicolás Maduro bajo presión, incluyendo un embargo sobre el petróleo, el principal recurso del país.
