La líder opositora peruana Keiko Fujimori se sentó este miércoles en el banquillo para que un juez decida si la manda a prisión preventiva por 36 meses, por recibir supuestos aportes ilegales para su campaña, y lanzó una reorganización de su partido para evitar su desplome.

La hija mayor del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) compareció ante el juez Richard Concepción Carhuancho por un pedido de prisión preventiva de la fiscalía, una semana después de ser liberada por una corte de apelaciones tras permanecer siete días detenida por el mismo caso.

La audiencia se extendió hasta las 22:30 de Lima (00:30 del jueves en Chile), por lo que el juez anunció que la sesión continuará desde las 10:30 de este jueves en Perú.

El pedido de prisión preventiva por 36 meses, el máximo plazo contemplado por la ley, amenaza la aspiración de Keiko, de 43 años, de ser candidata presidencial en 2021, por tercera vez.

La audiencia que se prolongó durante toda la jornada comenzó con el alegato del fiscal José Domingo Pérez, quien afirmó que dentro del partido de Keiko “había una organización de facto” identificada “a través del testigo protegido”, que se encargó de recibir y encubrir aportes ilegales de campaña en 2011.

Mientras el fiscal exponía sus argumentos, se manifestaron afuera del tribunal activistas a favor y en contra de Keiko, cuyo partido fue el más votado de Perú en los comicios de 2011 y 2016, y domina el Congreso.

El fiscal Pérez pidió tres años de prisión preventiva para 12 dirigentes y cuadros fujimoristas, a quienes acusa de haber creado una “organización criminal” dentro del partido, que manejó 1,2 millones de dólares aportados por la constructora brasileña Odebrecht a la campaña de Fujimori.

Tras un alegato de más de cinco horas del fiscal y un receso, le correspondió el turno a la abogada de Keiko, Giuliana Loza, quien rechazó punto por punto las acusaciones contra su clienta.

“Es falso que la señora Keiko lidere una organización criminal que interfiere con el Congreso y el sistema de justicia”, dijo Loza.

“Keiko Fujimori nunca ha solicitado, recibido ni distribuido recursos de procedencia ilícita”, agregó, afirmando que “no sirve la declaración del testigo protegido”.

El pedido de prisión preventiva debe ser resuelto por el juez Concepción Carhuancho, a quien Keiko acusa de estar confabulado con el fiscal Pérez.

Keiko también rechazó las acusaciones. “Hoy hemos escuchado una serie de mentiras dichas por este fiscal”, dijo a periodistas.

La sesión será suspendida en la noche para ser retomada el jueves, adelantó el juez.

Asume “comité de emergencia”

Keiko, quien asistió a la audiencia acompañada por su marido Mark Vito y su hermana Sachi, adoptó en las últimas horas un sorpresivo tono conciliador, llamando a la “paz y el reencuentro” con el gobierno peruano, tras haber mantenido un sello beligerante desde la campaña electoral de 2016, que perdió ante Pedro Pablo Kuczynski.

“Terminemos juntos esta guerra política reconociendo que todos hemos sido parte de ella”, declaró Keiko, quien no dio tregua a Kuczynski hasta forzarlo a renunciar a la presidencia en marzo pasado.

Tras retirarse del tribunal, antes de que su abogada iniciara su alegato, Keiko anunció que había suspendido los consejos directivos de su partido y designado un “comité de emergencia” para afrontar la crisis interna.

“Dentro de la reestructuración general de nuestro partido, se ha nombrado un Comité de Emergencia que será encabezado por el congresista Miguel Ángel Torres (…). Por reestructuración queda desactivado el Comité Político”, dijo Keiko en su cuenta de Twitter.

El partido de Keiko, Fuerza Popular (derecha populista), está sumido desde hace dos días en crisis interna, con las renuncias de varios dirigentes.

El desgaste causado por sus problemas judiciales y disputas familiares, así como por liderar durante dos años una oposición obstruccionista, ya le pasó factura en las elecciones regionales y municipales del 7 de octubre, en las que el fujimorismo no ganó ninguna de las 25 gobernaciones ni tampoco alcaldías importantes.

El partido cosechó menos del 3% de votos, mientras que en las presidenciales de 2016 Keiko había obtenido 40%.

La frustración por haber perdido una segunda elección presidencial (la primera fue en 2011 ante Ollanta Humala) indujo a Keiko a enviar a su mayoría parlamentaria a una guerra sin cuartel contra Kuczynski, hasta que el mandatario arrojó la toalla.

También intentó dominar al actual presidente Martín Vizcarra, pero éste reaccionó con energía ante los embates del Congreso, lo que terminó por desplomar la popularidad de Keiko, quien además libra una guerra fratricida con su hermano menor Kenji, de 38 años, por el legado político de su padre.