Dos fiscales impulsaron la indagatoria a la expresidenta argentina Cristina Fernández y a sus dos hijos en una causa donde se investiga presunto lavado de dinero a través de negocios inmobiliarios de la familia, informó es martes una fuente judicial.
Se trata de la llamada causa Hotesur, nombre del emprendimiento hotelero que los Kirchner poseen en la provincia patagónica de Santa Cruz, y por medio del cual la justicia sospecha se realizaron maniobras para el lavado de dinero y pago de sobornos.
El nuevo pedido de indagatoria se produce días después de que Fernández anunciara que evalúa presentarse como candidata en las elecciones legislativas del 22 de octubre próximo cuando debe renovarse un tercio del Senado y la mitad de la Cámara de Diputados.
Fernańdez es investigada en cuatro causas, tres de ellas por supuestos cobros de sobornos durante su gobierno (2007-2015) y en la cuarta se la investiga por la política cambiaria de su gobierno.
Recientemente en una de las causas se le impuso un embargo por 130 millones de pesos (unos 8 millones de dólares) y se la inculpó de corrupción.
Para una gira que realizó el mes pasado por Europa, debió pedir autorización a la justicia que le fijó un depósito a modo de fianza.
La exmandataria afirmó ante los jueces y en redes sociales que es víctima de “una persecución” impulsada por la alianza Cambiemos, del presidente Mauricio Macri.
La exmandataria reaccionó al nuevo pedido de la justicia con una serie de tuits, en los que aludió a una campaña en su contra.
Fernández señala que el nuevo pedido judicial fue la principal noticia de portada del diario Clarín este martes, por encima de la sorpresiva renuncia de la canciller Susana Malcorra el lunes por supuestos motivos personales.
El pedido judicial incluye a sus hijos, el diputado nacional Máximo Kirchner y su hermana Florencia, y a otras 17 personas, entre ellas el empresario de la construcción Lázaro Baez en prisión desde abril de 2016 por supuesto lavado de activos.
Báez se vio favorecido por contratos millonarios para obra pública durante el gobierno de Kirchner y la justicia sospecha que pagó sobornos mediante el alquiler ficticio de propiedades de la familia presidencial.
El juez federal Julián Ercolini, a cargo de la causa deberá ahora evaluar si hace lugar al nuevo pedido de los fiscales.
