El presidente de Burkina Faso, Roch Kaboré, presentó su dimisión después de que los militares se hicieran con el poder tras el golpe de Estado iniciado el pasado domingo. A su vez, la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, condenó el golpe militar y pidió la "liberación inmediata" del presidente derrocado y otros altos cargos detenidos.

En una carta publicada por la televisión estatal RTB al filo de la medianoche del lunes, Kaboré, de 64 años, manifestó su renuncia al cargo en una misiva manuscrita dirigida al nuevo hombre fuerte del país, teniente coronel Paul Henri Sandaogo Damiba.

“A continuación, y en interés de la nación, luego de los hechos ocurridos desde ayer (domingo), he decidido renunciar a mis funciones como presidente de (Burkina) Faso, jefe de Gobierno y jefe supremo de las Fuerzas Armadas Nacionales. Dios bendiga a Burkina Faso”, escribió el depuesto mandatario.

La carta de Kaboré, que gobernaba este país de África occidental desde 2015, se divulgó después de que los militares confirmaran anoche en la televisión estatal, a través de la lectura de dos comunicados, la toma del poder y anunciaran tanto la disolución del Gobierno y el Parlamento, como la suspensión de la Constitución.

Bachelet, quien visitó Burkina el pasado mes de noviembre, exigió por su parte “el rápido retorno al orden constitucional” en un país que en 2020 celebró unas modélicas elecciones legislativas y presidenciales, según la propia alta comisionada había destacado en su reciente visita. “Frente a las amenazas a la seguridad y los grandes desafíos humanitarios que tiene el país, es más importante que nunca garantizar que el Estado de derecho, el orden constitucional y las obligaciones del país con las leyes internacionales”, afirmó la expresidenta.

“El espacio democrático debe ser protegido, para garantizar que la población pueda expresar sus quejas y sus aspiraciones, participando en un diálogo significativo en torno a las muchas crisis que sufre el país”, concluyó.

En nombre del Movimiento Patriótico por la Salvaguarda y la Restauración (MPSR), un portavoz indicó que la decisión de tumbar a Kaboré se tomó “con el único objetivo de permitir a nuestro país volver al buen camino y reunir todas sus fuerzas para luchar por su integridad territorial (…) y su soberanía”.

“Ante la continua degradación de la situación de seguridad que amenaza los cimientos de nuestra nación, la incapacidad manifiesta del poder de Roch Marc Christian Kaboré de unir a los burkineses para afrontar la situación con eficacia, y siguiendo las aspiraciones de los diferentes estratos sociales de la nación, el MPSR ha decidido asumir sus responsabilidades ante la historia”, agregó.

Los golpistas anunciaron también el cierre de fronteras aéreas y terrestres y la instauración de un toque de queda desde las 21:00 hasta las 05:00 hora local (misma GMT) en todo el territorio nacional “hasta nueva orden”.

Igualmente, aseguraron que tomaron el poder “sin derramamiento de sangre y sin ningún tipo de violencia física sobre las personas detenidas, que se encuentran en un lugar seguro y respetando su dignidad”.

Los militares, cuyo golpe fue condenado por la Unión Africana (UA) y la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO), se comprometieron a proponer, “dentro de un plazo razonable, previa consulta con las fuerzas vivas de la nación, un calendario para el retorno al orden constitucional”.

La declaración tuvo lugar tras una jornada de gran incertidumbre y confusión en el país, después de que fuentes militares confirmaran por la mañana que Kaboré fue arrestado en un cuartel, mientras fuentes de la Gendarmería aseguraron después que “está aislado” y protegido por ese cuerpo.

Burkina Faso vivió este domingo una situación tensa tras oírse disparos en varios cuarteles militares de la capital, Uagadugú, y otras localidades del país, incidentes calificados en un inicio de un supuesto motín para exigir mejoras en las Fuerzas Armadas.

El Gobierno burkinés desmintió que se tratara de una intentona golpista y medios locales indicaron que era un motín para exigir mejoras al Gobierno, entre ellas más medios para combatir el terrorismo yihadista (del que son blanco las tropas burkinesas), y la dimisión de altos cargos militares y de inteligencia.

A la situación del domingo le precedió el sábado un día de manifestaciones no autorizadas, convocadas por grupos de la sociedad civil para expresar el gran descontento social por la inseguridad generada por la violencia yihadista y exigir la dimisión de Kaboré.

Burkina Faso sufre el yihadismo desde 2015 y los ataques, que se atribuyen a grupos aliados de Al Qaeda y el Estado Islámico, han provocado más de 1,5 millones de desplazados internos, según datos del Gobierno burkinés.