El respaldo de Trump a la batalla legal de Bayer: cientos de miles piden compensación por herbicida

En los últimos siete años, el herbicida Roundup de Bayer ha enfrentado casi 200.000 demandas en tribunales de Estados Unidos (EEUU). La prolongada batalla legal se convierte en un punto neurálgico de la política estadounidense.

Durante la administración de Joe Biden, el Departamento de Justicia de EEUU permitió que consumidores de Roundup reclamaran indemnizaciones contra el gigante químico alemán, con la mayoría de los casos vinculados al desarrollo del linfoma Non Hodgkin (LNH) tras una exposición prolongada al pesticida.

Sin embargo, a principios de este mes, la administración del presidente Donald Trump dio un giro a esa postura. Después de que el Tribunal Supremo de EEUU solicitara la opinión del procurador general, el Departamento de Justicia se alineó con Bayer y pidió limitar las miles de demandas aún pendientes.

Bayer ya ha pagado alrededor de US$10.000 millones para resolver las disputas por cáncer en EEUU. En julio, la empresa anunció que dispondrá otros US$1.410 millones, destinados a cubrir las compensaciones.

Bayer adquirió Roundup en 2018 como parte de la compra de Monsanto por US$63.000 millones, la multinacional agroindustrial estadounidense conocida por sus semillas genéticamente modificadas y agroquímicos controversiales.

Estados se enfrentan al gobierno federal

El Departamento de Justicia de Biden argumentó en su momento que la ley federal sobre pesticidas no protege a Bayer frente a demandas en tribunales estatales, ya que la responsabilidad legal y la protección al consumidor han sido tradicionalmente competencia de los estados.

Los demandantes son desde agricultores hasta jardineros domésticos. Los reclamos fueron presentados conforme a las normas de sus respectivos estados, alegando que el ingrediente activo de Roundup, el glifosato, causa cáncer y que Bayer no proporcionó advertencias adecuadas.

Demandas representan una carga costosa para la industria

En contraste, la administración Trump ha instado ahora al Tribunal Supremo a aceptar el argumento de Bayer de que la ley federal prevalece sobre estas demandas, lo que reduciría de forma significativa el margen de actuación del resto de los aproximadamente 65.000 demandantes.

El equipo de Trump también ha replanteado el litigio de Roundup como una carga innecesaria para la empresa, al exponer a Bayer a responsabilidades masivas e impredecibles incluso cuando la Agencia de Protección Ambiental (EPA) ha aprobado sus productos.

Los críticos denunciaron la postura de Trump por favorecer los intereses corporativos por encima de la justicia para los demandantes, muchos de los cuales aseguran padecer enfermedades terminales o discapacidades graves.

“Esta tendencia de restringir los derechos de los ciudadanos por parte de gobiernos de extrema derecha [como el de Trump] es… aterradora”, dijo a DW Martin Dermine, director ejecutivo de PAN Europe, una red de ONG que trabaja para eliminar pesticidas peligrosos y promover una agricultura sostenible.

Otros críticos de la postura de Trump sostienen que este giro demuestra las fallas en la protección de la salud pública y debilita la autoridad a nivel estatal ya que revertir la medida en favor a Bayer despoja a los tribunales locales de su capacidad para exigir responsabilidades a las corporaciones.

Bayer pide fin a la controversia por Roundup

El gigante farmacéutico y biotecnológico alemán afirma que Roundup es seguro para el uso humano y defiende el producto citando décadas de estudios. Sin embargo, este argumento se ha visto debilitado por denuncias sobre uno de estos estudios escrito por un autor fantasma que destapa otros problemas éticos de Monsanto.

Aun así, la gran mayoría de los organismos reguladores del mundo sigue clasificando el glifosato como no cancerígeno cuando se utiliza conforme a las indicaciones.

El director ejecutivo de Bayer, Bill Anderson, advirtió que la empresa podría dejar de vender Roundup en EEUU si las demandas no se resuelven pronto. Anderson dijo en mayo pasado, durante un evento organizado por el medio estadounidense Axios, que el herbicida es “imprescindible” en la lucha contra la inseguridad alimentaria mundial.

Recientemente, celebró el giro de la política de Trump y añadió: “Lo que está en juego no podría ser mayor, ya que la aplicación errónea de la ley federal pone en peligro la disponibilidad de herramientas innovadoras para los agricultores y las inversiones en la economía estadounidense en general”.

Tribunal Supremo podría limitar futuras demandas

Ahora corresponde a los jueces del Tribunal Supremo de EEUU decidir si aceptan la petición de Bayer. De ser así, una sentencia prevista para mediados de 2026 determinará si la empresa alemana obtendrá una amplia protección legal.

Un fallo favorable podría ahorrar a la empresa miles de millones de dólares en demandas pendientes. También podría dificultar que los consumidores presenten futuros reclamos por productos perjudiciales, y además limitaría de forma drástica las solicitudes de compensación.

Sea cual sea el resultado, Chris Hilson, profesor de Derecho y Cambio Climático en la Universidad de Reading, en el Reino Unido, advirtió que las demandas relacionadas con Roundup podrían ser “solo el comienzo” de una ola más amplia de litigios contra el sector agroalimentario.

“Hasta ahora, el litigio climático se ha centrado principalmente en la transición energética, con las empresas de combustibles fósiles en el punto de mira”, dijo Hilson a DW. “Podemos esperar más casos judiciales impulsados por el movimiento ambientalista, tanto por razones climáticas como de biodiversidad y salud humana”.

Europa sigue de cerca el caso de Bayer en EEUU ya que la Unión Europea ha prorrogado el uso de glifosato hasta 2033 pese a la fuerte oposición de grupos ecologistas. Algunos Estados miembros de la UE, entre ellos Francia y Austria, continúan presionando para imponer límites más estrictos o prohibiciones totales.