Este miércoles el Tribunal Constitucional (TC) tomó una determinación en torno a la sentencia que respalda la constitucionalidad del proyecto de ley que subraya la responsabilidad de los bancos ante los fraudes con tarjetas.

El debate sobre este tema se había extendido debido a que las instituciones financieras argumentaron que la iniciativa contenía puntos “inconstitucionales”.

Sin embargo, tras la determinación del TC, sólo falta que la medida sea publicada en el Diario Oficial para entrar en vigor.

Durante su paso por el Congreso Nacional, el proyecto fue objeto de múltiples críticas tanto de las asociaciones de consumidores como desde el gremio bancario: los primeros apuntaban a que se debían incrementar las exigencias a la banca; y esta última acusó incongruencias.

En detalle, y con esta ley (20.009), la banca debería responder a sus clientes en todo escenario de fraude; y se le impondría devolver o restituir los fondos al afectado en un plazo máximo de siete días hábiles.

“Los bancos tendrán absoluta responsabilidad en los fraudes que afecten a los usuarios, eximiendo a los comercios y a los tarjetahabientes (clientes). Igualmente se asigna responsabilidad a los bancos, en casos de fraudes relacionados con transferencias electrónicas”, dice el proyecto original que estaba en manos del Senado.

Y añade: “Apenas el usuario detecte algún movimiento fraudulento, debe avisar a su banco inmediatamente. El emisor deberá bloquear -de manera inmediata- la tarjeta u otro medio de pago donde se detectó la operación no autorizada”.

El argumento de los bancos

El presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF), José Manuel Mena, argumentó en su momento que este proyecto tenía “claramente elementos de inconstitucionalidad”.

Para Mena, limitar la responsabilidad a uno de los actores hacía que los productos no fuesen “sustentables”.

“Los bancos tenemos la obligación de entregar productos que cumplan eficazmente su objetivo, tenemos la obligación de elevar todos los niveles de seguridad posible, y nuestros clientes también tienen la obligación de hacer un uso responsable de esos productos”, opinó cuando asumió la presidencia de la ABIF en 2019.