Los resultados del informe preliminar de estudio de mercado sobre textos escolares de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) arrojaron la existencia de precios dispares en este campo para el Estado y los privados por parte de las editoriales que los comercializan, con precios hasta casi diez veces superiores para estos últimos.
En concreto, las conclusiones del escrito establecieron que el Ministerio de Educación (Mineduc) “realiza un proceso de licitación exitoso para adquirir textos escolares a bajo precio”.
Así, el valor es mucho mayor para su contraparte, pese a que dos expertas catalogaron los libros que se usan en el sector público como “sustancialmente similares” donde, actualmente, el Mineduc compra un texto del estudiante y una guía didáctica para el profesor, además de recursos digitales complementarios.
Por el contrario, en el segmento privado, los padres y apoderados son los encargados de adquirir y costear los textos que el colegio decide, con la editorial ofreciendo otros bienes y servicios al establecimiento, como capacitaciones, asesorías y plataformas.
Otra de las conclusiones del informe acusó que existe una falta de competencia en este sector, lo que podría explicarse “por una serie de reglas existentes en las licitaciones públicas, como el limitado tiempo con el que cuentan las editoriales para preparar sus propuestas y para imprimir los textos”, indicó la FNE.
De esta forma, las editoriales que apelan enteramente al mercado privado “compiten por factores distintos al precio, destinando una gran cantidad de recursos a marketing y utilizando una fuerza de ventas considerable”.
Sumado a ello, pocos establecimientos cuentan con protocolos reales para elegir los textos, procesos en los cuales enfrentan costos de búsqueda elevados para evaluar alternativas.
Lo último favorece a aquellas editoriales de mayor tamaño, las que -por ejemplo- pueden contar con redes de vendedores.
En el ámbito de las malas prácticas, las FNE también concluyó que el empaquetamiento de un set de libros por nivel también debilita el correcto funcionamiento del mercado de textos.
Recomendaciones
Para subsanar las problemáticas descritas, la FNE formuló una serie de recomendaciones enfocadas en cada campo.
Para el ámbito público, primero sugirieron ampliar los plazos generales de licitación, especialmente para el desarrollo del producto y la impresión.
En segundo lugar, aseguraron que se debería revisar la utilización de factores que no tienen definición absolutamente clara para declarar fuera de bases a participantes de la licitación.
Además, establecieron como potencialmente beneficioso separar la licitación de contenido e impresión, fijar el número de reimpresiones y establecer una política pública de largo plazo de adquisición de textos.
Por otra parte, para el sector privado, indicaron como mejoras el incentivar a que colegios adquieran textos como un insumo más del servicio educacional que proveen.
También dijeron que se debería establecer en los colegios la obligación de informar y justificar a los apoderados las decisiones tomadas en la elección de los textos escolares.
Sumado a ello, indicaron que se debería crear un sistema de información de la oferta de textos centralizada, “que facilite la búsqueda de alternativas a los colegios y que genere una vitrina especialmente a las editoriales que no ganan la licitación pública, pero cuyos textos fueron aprobados técnicamente” por el Mineduc.
Finalmente, “invitaron a adoptar medidas para permitir el funcionamiento de textos usados, tales como desempaquetar productos e informar de cambios menores que ocurran cada año en los textos”.
Lo anterior, debido a que, según englobó la FNE, “existen espacios tanto en el mercado estatal como privado de textos escolares que no se encuentran funcionando correctamente desde el punto de vista de la competencia, lo que estaría provocando que las condiciones comerciales a las que pueden acceder tanto el Estado como los consumidores no sean las óptimas”.
“Nos encontramos con un segmento con menos competencia de la esperada y con precios muy diferentes entre el mercado público y el privado. Este informe aporta con un diagnóstico claro y con recomendaciones sencillas de implementar que estimamos podrían impactar en productos de mejor calidad a menor precio, tanto para el Estado como para las familias que tienen que adquirir estos bienes”, dijo el fiscal nacional económico, Ricardo Riesco.
Según estimaciones del órgano fiscalizador, se estima que el paquete de medidas enfocado en el sector público podría generar en un ahorro de entre 20% y 30% en la impresión de los textos.
En tanto, para el mercado privado evalúan que -de ser implementadas las propuestas- se generaría una caída de 25% en el precio de los libros en el corto plazo, la que llegaría al 70% en el largo plazo.
Lo último significa que, al año, una familia podría ahorrar alrededor de $87 mil por cada hijo en edad escolar.
Pero las cifras de ahorro aumentan al considerar ambos mercados: el país gastaría entre US$5.6 millones y US$19.4 millones menos anualmente en este ítem.
En cuanto a la metodología usada, la FNE detalló que encuestaron a aproximadamente 140 colegios particulares pagados, los que equivalen al 20% del total nacional de esos establecimientos.
Además, solicitaron información a doce editoriales que participan del mercado, junto con entrevistar a expertos, empleados de editoriales y autoridades.
