Existe un alto porcentaje de egresados de la educación superior que posee una deuda millonaria por el Crédito con Aval del Estado (CAE). En algunos casos, debido a la UF, el valor total que deben solventar es el triple respecto al arancel original de su carrera.

Para ingresar a la educación superior, un gran porcentaje de estudiantes opta por el Crédito con Aval del Estado (CAE), una alternativa de financiamiento bancario que en los últimos años ha generado un fuerte debate público respecto a los altos índices de endeudamiento que provoca.

Se trata de un crédito universitario en el que el Estado cumple el rol de aval del estudiante ante un banco, el cual le financia el arancel de su carrera. El beneficio tuvo por objetivo apoyar a las personas que no tienen ingresos suficientes para pagar su educación superior.

Sin embargo, desde su implementación en 2005, ha provocado que una gran cantidad de estudiantes tengan una deuda millonaria debido al alto valor de las cuotas en UF y, con ello, el incremento de la deuda capital.

Según el portal Ingresa, son cerca de 1.110.000 los créditos entregados entre 2006 y 2021. De esa cantidad, solo el 2,4% de los deudores ha pagado el total de su deuda, lo que equivale a 27 mil personas aproximadamente.

En este sentido, el abogado Matías Quinteros, director legal del estudio jurídico Defiéndete Consultores -cuya área especializada es Defensa Educación–, atribuye esta situación principalmente al desconocimiento en torno al funcionamiento del crédito y a la poca información que se entrega a los estudiantes acerca de este instrumento financiero.

“Nuestro estudio recibe todos los días cientos de solicitudes de asesoría legal, provenientes de deudores de todo Chile, e incluso residentes en el extranjero, quienes dejaron de pagar y su banco ya los demandó por el cobro de su deuda. También de estudiantes que producto de la pandemia han perdido sus empleos y se encuentran con serias dificultades económicas para lograr costear su deuda del CAE”, dijo el experto.

“Los deudores deben ser informados de que el banco necesita demandarlos. No para embargarles -como es el temor de muchos-, sino que se trata de un requisito exigido en la Ley 20.027 que crea y regula al Crédito con Aval del Estado, a través del cual la Tesorería General de la República otorga el pago de la respectiva garantía estatal”, acotó.

Además, explicó que “no se trata de que el banco no pueda embargar, sino que prefieren cobrar la garantía al Estado, lo cual para el deudor que se defiende es positivo, pues existen estrategias judiciales de defensa que son exitosas en beneficio de los deudores, en lo cual nuestro estudio lleva adelante la representación de más de 6 mil deudores, la mayoría de los cuales ya han obtenido sentencias a su favor”.

En esta línea, el abogado afirmó que las personas no deben tener miedo al CAE: “A lo único que se expone hoy el deudor es a la retención de su devolución de impuestos. La opción más segura es defenderse e informarse. En uno de nuestros casos, logramos prescribir pagarés por 58 millones de pesos a una estudiante de odontología, el triple de lo que costaba su carrera”.

Por su parte, Juan Pablo Rojas, fundador de Defiéndete Consultores y su sello Defensa Educación, y quien ha sido activista por la condonación de estas deudas, indicó que existe en el Congreso un proyecto de ley que la firma se encuentra apoyando e impulsando, el que busca otorgar mejores condiciones para quienes tienen deudas educativas.

“Esperamos que el proyecto de Despenalización de la Deuda Educativa continúe avanzando. Hoy se encuentra en la Comisión de Educación para su discusión. Confiamos en que se convertirá en ley, beneficiando así a cientos de miles de deudores que lamentablemente ven cómo su crédito es incluso más abusivo que uno de consumo convencional”, aseguró Rojas.

“Hacemos un llamado a los diputados y diputadas de todos los partidos políticos a que lo voten a favor antes de que finalice el año. Lamentablemente, el Gobierno no cumplió su compromiso de campaña de realizar una condonación universal, por lo que seguiremos liberando a deudores con las herramientas legales que tenemos”, manifestó.

El estudio jurídico se especializa en la defensa de causas ligadas a las deudas educativas -a través de su área Defensa Educación-, siendo una empresa con responsabilidad social que cuenta con un sistema pro bono, en el cual se atiende de manera gratuita a deudores que se encuentren cesantes, personas con enfermedades graves que le impidan generar recursos, o casos sociales graves.

El contacto es directo a través de www.defensaeducacion.cl o en redes sociales: Facebook Defensa Educación e Instagram @DefensaEducacioncl.