La Corte Suprema acogió el recurso de amparo presentado contra Carabineros por el ingreso ilegal a una parcela ubicada en Isla de Maipo y que mantenía un cultivo de marihuana medicinal.
En fallo unánime, la Segunda Sala del máximo tribunal, revocó el fallo de la Corte de Apelaciones de San Miguel que rechazó el recurso, acogiendo la acción cautelar presentada por Ricardo Budín Gómez.
De acuerdo a los antecedentes, el 28 de marzo pasado, el hombre fue detenido en su domicilio por efectivos policiales de la 23° comisaría de Talagante, luego de recibir una denuncia en su contra por dos matas de marihuana en su parcela, las que utilizaba para tratar el síndrome de West que posee su hijo.
El fallo de los ministros Milton Juica, María Eugenia Sandoval, Lamberto Cisternas, Jorge Dahm y el abogado (i) Arturo Prado, determinó que la institución realizó un actuar ilegal y arbitrario, realizando un procedimiento en el domicilio sin contar con una orden judicial o encontrarse en situación de flagrancia.
“La detención realizada por los agentes policiales cuestionados en el recurso que se conoce, fue llevada a cabo en contradicción con las normas antes estudiadas, por realizarse sin orden judicial y sin tampoco hallarse el amparado en una situación de flagrancia, sino como el resultado de un cúmulo de diligencias investigativas efectuadas en forma autónoma por los policías, afectando de ese modo de manera ilegal la libertad personal y seguridad individual del amparado Budin Gómez”, consigna el fallo.
Junto con ello, la Corte indica que “el amparado acompaña documentación que da cuenta de que la plantación de cannabis sativa le provee de los extractos necesarios para mantener la terapia de su hijo menor de edad, la que debe realizarse de manera permanente por sugerencia del profesional médico que atiende al menor y, dada dicha circunstancia, para evitar que las actuaciones indebidas de la policía antes examinadas se reiteren en el futuro, se acogerá la acción deducida y se adoptarán las medidas necesarias con dicho efecto”.
Por esto, el fallo determina revocar lo decidido por la Corte de Apelaciones de San Miguel, ordenando a la comisaría realizar una investigación administrativa de los hechos denunciados.
