Como un “supremazo” podría ser calificado el fallo en favor del Colegio Marcela Paz de Concepción, que anuló por completo una multa de 2 millones 400 mil pesos aplicada hace 3 años, como sanción por el reclamo de una apoderada.
La resolución, explicó el abogado del establecimiento, Carlos Muñoz, ordenó que, a pesar del tiempo transcurrido, la investigación debía efectuarse nuevamente, dejando sin efecto todas las resoluciones administrativas.
La ilegalidad está en que el fiscal que investiga las denuncias es el mismo que propone la sanción, no obstante, esto último debería hacerlo, en el caso de Concepción, el director de la Superintendencia, Dalton Campos.
La sentencia, informada por el abogado Muñoz a los representantes de establecimientos subvencionados, está siendo analizada por los sostenedores, adelantó el presidente de la Redcol, Andrés Carter.
Y es que perfectamente, explicó el abogado Muñoz, los colegios sancionados podrían invocar la sentencia y pedir la nulidad de los procesos sancionatorios efectuados por la Superintedencia de Educación a través de recursos administrativos o civiles.
“Esto podría tener un efecto bastante relevante”, dice el abogado, recordando que todos los procesos, desde 2013 en adelante, están todos afectados por este vicio.
La Redcol indicó que no son pocos los colegios sancionados a nivel nacional enfrentado al pago de millonarias multas, las cuales ahora podrían quedar nulas, teniendo el Estado que devolver los millonarios recursos por concepto de multas aplicadas.
