Se ha planteado para marzo la fecha límite para que en Concepción funcione la denominada “farmacia popular”, iniciativa que comenzó en la región Metropolitana, pero que de a poco se ha ido replicando en diversas partes del país.

En la zona incluso ya se tiene un presupuesto. Se trata de 75 millones de pesos para sostenerla durante un año. De ese total, 25 millones corresponderían a recursos humanos y 50 millones desde el punto de vista de medicamentos.

Según indicó el alcalde de Concepción Álvaro Ortiz, respecto a la iniciativa, ésta entregará mayor equidad para quienes requieren acceder a costosos fármacos, apuntando además a que no se descarta la asociatividad con otros municipios que tomen esta situación.

A partir de ello se estima que en marzo próximo Concepción podría contar con su farmacia popular.

El propio jefe comunal señaló que el tema es cómo se sostiene una iniciativa de estas características, es por ello que se iniciará con la atención de 500 usuarios y poco a poco la idea es ir sumando más personas. Discusión que se llevó a cabo en el marco de un foro desarrollado en la Universidad de Concepción denominado: “Farmacias Populares: ¿un alivio para la ciudadanía?”.

En la ocasión se intentó dar respuesta a ello mediante distintas visiones, una de ellas fue la del decano de la Facultad de Farmacias, Ricardo Godoy.

Entender lo medicamentos como un tema social, no como un producto de mercado es lo que solicita Carlos Vallejos, presidente de los químicos farmacéuticos.

Es por ello que señaló que hoy se establecen ciudadanos de primera y segunda categoría, por lo que una farmacia popular sería inconstitucional.

El debate de las farmacias populares está abierto con otro actor al cual también se le solicita colocarse de la misma vereda de los municipios, es decir, los laboratorios.