Fue acogido a trámite el recurso de protección presentado en Concepción en contra de los empleados del Registro Civil movilizados.
Al declarar la admisibilidad, la Primera Sala de la Corte de Apelaciones otorgó un plazo de ocho días al presidente de la Asociación de Funcionarios, Francisco Riveros, para responder a la denuncia.
El abogado Antoine Peñaloza, quien presentó la acción legal, sostiene que el paro del Registro Civil está vulnerando tres garantías constitucionales: la igualdad ante la ley, al discriminar a quienes entrega los documentos requeridos; el derecho a ejercer su actividad, ya que no puede realizar trámites necesarios para actuar en tribunales por sus clientes; y el derecho a la libertad, pues al no acceder a los pasaportes no puede salir del país.
Por eso, el recurrente solicita la intervención de la justicia, en cuanto a que ordene en este caso al Gobierno Regional del Bío Bío, disponer medidas que permitan que el Registro Civil hacer disponibles sus servicios a él y a los chilenos que los soliciten.
Una vez que la Corte reciba los descargos de parte del dirigente de los funcionarios movilizados podrá emitir un fallo, ya sea acogiendo la petición de Peñaloza o descartándola.
