Tras la clausura de la cantera de Lonco las autoridades reconocieron que la institucionalidad ambiental no es sencilla en este caso, donde se enfrenta con las denuncias que realizaron los vecinos ante eventuales peligros para la población por la extracción de los áridos.

La Superintendencia de Medio Ambiente ya abrió un expediente y el seremi del ramo, Richard Vargas, confirmó que la actividad de la cantera nunca fue regulada debido a que cuando fue creada, en 1966, no existía la actual ley ambiental, de ahí la evaluación que debe realizar la Superintendencia en vista de nuevas faenas que se hayan hecho con posterioridad a la vigencia de la normativa.

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La recopilación y análisis de los datos por parte de la Superintendecia de Medio Ambiente podría durar entre dos y tres meses señaló el seremi Richard Vargas. Estos datos serán entregados a los vecinos y a la municipalidad de Chiguayante, y sólo en ese momento se podría evaluar qué debe mejorar la cantera de Lonco para poder seguir funcionando.

El alcalde de Chiguayante, Antonio Rivas, indicó que la empresa para volver a funcionar debe pagar sus permisos de extracción y patentes, sin embargo el municipio está obligado a evaluar y normar la extracción de material, lo que haría con los informes que deben emanar de la Superintendencia de Medio Ambiente.

Recordemos que Canteras Lonco tiene un capital propio tributario que supera los 4 mil 500 millones de pesos y los municipios ya estudian la posibilidad de realizar cobros de manera retroactiva por el no pago de las patentes comerciales.