La Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras monitorea de cerca el impacto que han tenido, en el sistema bancario, la situación de empresas Penta, controladora de Banco Penta; y el caso Caval, que involucra a la entidad bancaria más importante del mercado local, como es Banco de Chile.

El superintendente de Bancos, Eric Parrado, sostuvo que si bien el Banco Penta es solvente, existe un factor reputacional de los controladores que tiene un efecto en la institución. Por lo mismo, su situación es seguida de cerca.

Eric Parrado destacó, positivamente, la propuesta de la comisión asesora Contra los Conflictos de Interés, el Tráfico de Influencias y la Corrupción, de eliminar el financiamiento de empresas a partidos o campañas políticas, ya que podría ayudar a reducir el riesgo reputacional de los bancos.

Sin embargo, al interior del mundo empresarial consideran que financiar la política es algo positivo y que prohibir la entrega de recursos, desde el poder económico al poder político, podría, incluso, tener efectos más nocivos para la democracia.

Así lo manifestó el presidente de la Sociedad de Fomento Fabril, Hermann von Muhlenbrock, quien defendió el financiamiento privado de la actividad política.

Marcela Ríos, integrante del consejo asesor anticorrupción, recordó que la Confederación de la Producción y del Comercio, la CPC, propuso un financiamiento de campañas mediante aportes de personas naturales con un límite y donaciones de empresas, 100 por ciento públicas y con tope.

La cientista política aseguró que, independiente de un modelo público, privado o mixto, lo importante es el control del financiamiento de la política.

Sobre el caso Caval, que involucra al Banco de Chile, el más importante del país, Eric Parrado afirmó que la superintendencia pondrá en consulta, pronto, una nueva normativa para actualizar los procedimientos de los bancos con las Personas Expuestas Políticamente, como autoridades de Gobierno o partidos políticos y sus familiares.

En su discurso de la noche del martes, la mandataria afirmó que “se transparentará en un 100% el financiamiento de la política, eliminando los aportes anónimos y reservados, y las empresas no podrán hacer aportes de ningún tipo. La transgresión de estas normas será considerada delito”. Sentenció que será el Estado quien financiará el trabajo de los partidos políticos.