Sendos informes a la Contraloría y a la Municipalidad de Concepción solicitó la justicia antes de pronunciarse sobre los locales que funcionan al margen de la ley alrededor del Mercado Central. Hay preocupación entre los comerciantes sobre el desalojo ordenado hace siete meses por el órgano fiscalizador.

En mayo la Contraloría ordenó al municipio penquista sacar de la calle el comercio ilegal que funciona desde abril de 2013 en los alrededores del Mercado Central de Concepción.

El pronunciamiento no ha sido cumplido y es por eso que la comerciante establecida Jovita González presentó un recurso de protección para que se cumpla la medida.

Antes de dictar el fallo, la Corte de Apelaciones decretó diligencias que podrían ser clave para emitir un pronunciamiento. Se trata de dos informes: uno a la Contraloría para que explique si ha aplicado sanciones por el incumplimiento. El segundo deberá enviarlo la Municipalidad de Concepción, señalando si los locales siguen o no funcionando.

Esta situación está generando inquietud entre los comerciantes, quienes reconocen la ilegalidad en que trabajan, según lo indicó el dirigente de los arrendatarios de locales del mercado, Guillermo Canales.

Canales recordó que las autoridades trabajan para habilitar un mercado provisorio en el Barrio Cívico de Concepción, el que sin embargo no estará construido antes de junio del próximo año.

A pesar de eso, el dirigente hizo un llamado a los jueces para que cualquiera sea la sentencia que dicten consideren la realidad de los comerciantes.