Según los resultados del estudio realizado por el ESE Business School de la Universidad de los Andes, las pérdidas en el retail equivalen a 230 millones de dólares anuales, lo que equivale al 1,35% de las ventas. La investigación abarcó a la gran mayoría de las empresas del retail, que representan a un total de 3.167 tiendas o puntos de ventas.

El estudio fue encargado por la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) en conjunto con la empresa ALTO Chile y constituye, según declaró Cristián García-Huidobro, secretario general de la CCS, otra herramienta que ésta “pone a disposición de sus asociados para facilitar la gestión en los negocios y los buenos resultados empresariales”.

Respecto a la causa de la merma operativa, el estudio demuestra que un 87% es resultado de causas desconocidas, es decir, aquellas pérdidas que no se pueden atribuir a una razón específica, mientras que un 13% corresponde a causas conocidas.

En cuanto a las mermas desconocidas, éstas provienen de hurtos internos (61%), robos o hurtos externos (29%) y errores administrativos (10%).

Adicionalmente, los encuestados revelaron que la tienda o punto de venta al público es el lugar físico donde se producen las mayor cantidad de pérdidas (58% del total), seguido por la bodega (21%), los centros de distribución (12%) y, por último, en el transporte (9%).

De la comparación de estas cifras con las de otros países latinoamericanos, se concluye que es inferior a las reportadas en países como Argentina (1,70%), Colombia (1,50%), Brasil (2%), México (1,90%) y Estados Unidos (1,60%), superando incluso, el estándar exhibido por algunos países europeos como España (1,40%) y Reino Unido (1,40%).

Jorge Nazer, presidente y fundador de ALTO, dijo que este estudio es un buen primer acercamiento que permite tener una radiografía de la merma en Chile y destacó que “es interesante ver que el 80% de la merma se debe al hurto interno, robo y hurto externo. Estos datos demuestran que hay mucho por hacer y que las empresas pueden generar oportunidades de mejora que les permita reducir esta brecha y así minimizar las pérdidas ocasionadas por delitos patrimoniales”.