Una querella por secuestro presentó Metro de Santiago en contra de Patricio General Rojas, quien el pasado domingo intimidó a una conductora del tren subterráneo en estación República, exigiendo el pago de $50 millones por su rescate.

“Como empresa no toleraremos este tipo de acciones. Nuestra principal preocupación es entregar un servicio de calidad y resguardar la seguridad de nuestros trabajadores y pasajeros. Es por ello que hemos decidido interponer una querella contra el autor de este hecho, exigiendo las máximas sanciones que para estos casos estipula la ley”, señaló el gerente general del tren subterráneo, Ramón Cañas.

En dicho sentido, indicó que Metro recurrirá a todas las instancias para perseguir este tipo de situaciones. “Estamos preparados para enfrentar hechos como éste. Contamos con protocolos de seguridad que se activaron en forma inmediata. Asimismo, la coordinación que hemos establecido con las policías permitió que este incidente no pasara a mayores. Sin embargo, queremos dar la señal de que no toleraremos ninguna acción que ponga en entredicho la integridad de nuestros trabajadores y pasajeros”.

Añadió que la conductora afectada, Karina Cubillos, está recibiendo el apoyo profesional y humano para sobrellevar el impacto por la delicada situación que enfrentó. “Hoy nuestro interés es que se recupere. Como empresa estamos acompañándola y tomando los resguardos para reponerse”, expresó el ejecutivo.

Cabe destacar que este hecho, que se produjo cerca de las 17 horas del domingo, significó la inmediata activación de los protocolos de seguridad de Metro, lo que se tradujo en la evacuación del tren involucrado, así como de la estación República, junto con establecerse un servicio parcial en Línea 1 entre las estaciones San Pablo–Estación Central y Los Héroes–Los Dominicos. En forma paralela, el Centro de Control de Metro estableció una coordinación con Carabineros, lo que derivó en la rápida detención del atacante y el restablecimiento del servicio en toda la red.

El efectivo accionar de los procedimientos de seguridad permitió que sólo transcurrieran alrededor de 10 minutos entre la activación de la alarma por parte de la conductora y la detención del sujeto, quien quedó en prisión preventiva.

El fiscal Javier Mayer, de la Fiscalía Centro Norte, expuso en la audiencia que el imputado representa un peligro para la seguridad de la sociedad y por peligro de fuga.