Una adolescente de 14 años violada por su padrastro y embarazada de nueve semanas fue finalmente autorizada a abortar por la Suprema Corte de Salta (norte), tras un mes y medio de batalla judicial en Argentina.

La Corte de Salta dejó sin efecto este viernes una medida cautelar dictada por el juez de familia Víctor Soria que había impedido la práctica del aborto, informó en un comunicado el Poder Judicial de Salta.

En un extenso fallo de 60 páginas, al que tuvo acceso la AFP, el alto tribunal recordó que el 12 de julio pasado ya había declarado “plenamente constitucional” la posibilidad de que una mujer se realizara un aborto en caso de violación.

La Corte de Salta consideró de este modo que el juez se “apartó de los mandatos constitucionales”, en tanto, retomó argumentos de la Corte Suprema nacional, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la Convención de los Derechos del Niño, entre otros.

Entre otros puntos, el tribunal recordó que en 2011 Argentina fue considerada “responsable por no actuar con la debida diligencia por el Comité de Derechos Humanos” (CIDH) luego de que una jueza “trabó la realización de un aborto a una chica violada, de 19 años, y una edad mental de entre 8 y 10 años”, aunque ese fallo después fue revocado.

Ideología patriarcal

La batalla se inició el 9 de noviembre pasado cuando la madre de la niña sorprendió a su pareja en plena violación, en su casa en un barrio empobrecido de las afueras de Salta, la capital provincial.

La mujer detuvo el ataque sexual, pero el hombre les propinó una paliza a ambas por lo que la niña terminó en el Hospital Público Materno Infantil de Salta, donde se descubrió el embarazo y el mismo día pidieron que se le practicara el aborto.

En un fallo del 17 de diciembre, el magistrado no sólo impidió el aborto sino que ordenó que al término del embarazo la niña entregara el bebé en adopción.

“Hay un juez que está obligando a mi hija a tener un hijo que no quiere. Es algo horroroso”, dijo la madre de la víctima a medios locales.

Esa decisión fue apelada por una ONG de abogadas que defienden los derechos de las mujeres así como por el gobierno provincial, por lo que llegó a la Corte de Salta, una de las provincias más conservadoras de Argentina.

“Cuando se trata del cuerpo de la mujer y el poder de decisión sobre su cuerpo, empieza a jugar una ideología patriarcal, machista que es mayoritaria en la sociedad y la iglesia”, dijo a la AFP Mabel Gabarra, una abogada militante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, Legal, Seguro y Gratuito.

Argentina fue el primero en América Latina en aprobar en 2010 el matrimonio entre homosexuales y permitir a travestis registrar su nombre con el sexo elegido (2012), en cambio nunca llegó a tratar en el Congreso la legalización del aborto, a la que se opone la Iglesia Católica, credo mayoritario.

La presidenta Cristina Kirchner tampoco es partidaria de la interrupción del embarazo.

Un caso no aislado

“Esto ha sucedido en otras partes del país, a pesar del fallo de la Corte Suprema de marzo de 2012″, dijo Gabarra.

En marzo de 2012, la Corte Suprema argentina autorizó el aborto para las víctimas de violación sin necesidad de acudir a un trámite judicial, para evitar una pérdida de tiempo que complica la práctica.

Siete meses más tarde, el máximo tribunal falló a favor de un aborto pedido en Buenos Aires por una mujer violada y víctima de una red de trata, de 32 años, que había sido suspendido por una jueza aceptando una solicitud de la ONG antiabortista Asociación Pro-Vida.

La provincia de Salta, de 1,2 millones de habitantes y fronteriza con Chile, Bolivia y Paraguay “es una de las provincias más conservadora, donde la Iglesia (católica) tiene mucho poder, es la única provincia donde los niños reciben una educación religiosa obligatoria”, señaló la letrada.

“Tenemos una justicia conservadora, una iglesia retrógrada pero seguimos luchando por el aborto legal”, estima Gabarra.

En Argentina se realizan 700.000 abortos clandestinos por año, según las ONG partidarias del aborto, mientras que el ministerio de Salud cifró los casos en 470.000 en 2009.

Unas cien mujeres al año mueren por complicaciones tras realizarse estos abortos.