Varios diputados de la izquierda española firmaron, este martes, un pacto “por el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo” presentado al Congreso en contra del controvertido proyecto del gobierno de revisar la ley del aborto sancionada en 2010.
Este pacto, impulsado por unas 200 organizaciones de mujeres de todo el país, tiene lugar en momentos en que el ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón confirmó que su proyecto, cuyo objetivo es limitar el derecho al aborto, será adoptado en uno de los dos últimos Consejos de ministros de este año.
“Pedimos a nuestras parlamentarias que suscriban un pacto entre mujeres que garantice los derechos sexuales y reproductivos y la interrupción voluntaria del embarazo, haciendo valer su condición de parlamentarias, ejerciendo como nuestras legítimas representantes y oponiéndose a cualquier reforma de la actual ley que signifique un retroceso en los derechos adquiridos por las mujeres”, reza parte del texto enviado por las organizaciones al Parlamento.
“Apelamos a su condición de mujeres más allá de cualquier ideología”, añade el mismo.
El texto fue inmediatamente apoyado por la portavoz de la oposición socialista Soraya Rodríguez y otras colegas, que invitaron a sus pares del oficialista Partido Popular (conservador) a firmar el manifiesto.
“A nosotras nos gustaría que las compañeras diputadas del PP fueran capaces de defender la libertad y la igualdad de las mujeres en los derechos sexuales y reproductivos y el derecho a decidir sobre nuestra propia maternidad”, dicen las opositoras.
La víspera, María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP, afirmó que su partido no conocía aún el contenido de la ley.
“No estamos de acuerdo con un Gobierno y un ministro Gallardón que quiere decidir cuándo y cómo las mujeres tenemos que ser madres”, afirman las organizaciones.
Éste, sin revelar el contenido de su proyecto, respondió: “la ley que apruebe el PP jamás establecerá a la mujer un reproche penal porque siempree es víctima del aborto y nunca será culpable”, contrariamente a la ley de 1985, según la cual una mujer que abortase podría ir a prisión.
El texto fue modificado en 2010 por el gobierno del PSOE. Actualmente, cualquier mujer puede abortar en España dentro de las 14 primeras semanas de embarazo, y hasta 22 en caso “de riesgo para la vida o salud” de la madre, o por una “grave malformación del feto”.
