El presidente de Bolivia, Evo Morales, obtendría el 31% de los votos si las elecciones generales fueran este mes, porcentaje con el que estaría obligado a ir a una segunda vuelta, según un sondeo publicado este domingo por un medio local.
La Constitución prevé que para una proclamación en la primera vuelta se requiere el 50% más uno de los votos válidos o que el postulante haya reunido un mínimo de 40% de los sufragios válidos y una diferencia de al menos 10% respecto del segundo.
Según el sondeo, Morales obtendría el 31%, seguido de Rubén Costas (derecha, gobernador de Santa Cruz) con el 13%.
El empresario Samuel Doria Medina recogería el 9% y el 6% el exaliado de Morales, el socialdemócrata Juan del Granado, recién proclamado candidato de su partido, el Movimiento Sin Miedo (MSM).
El 21% de los consultados dijo que no apoyaría a ninguno de los candidatos, en tanto que un 20% no respondió.
La muestra de 800 personas fue realizada en La Paz, El Alto, Santa Cruz y Cochabamba, las ciudades más importantes del país, entre el 26 de octubre y el 2 de noviembre, por la firma Comunicación Estratégica Tal por Cual para el diario Página Siete, con un margen de error del 3,45%.
Morales ganó la Presidencia de Bolivia en 2005 con un 54% de sufragios, fue reelegido en 2009 con 64% y se propone revalidar su mandato con un 74% en las elecciones de octubre de 2014.
Esta nueva postulación de Morales está rodeada de fuerte polémica, agitada especialmente por la oposición que afirma que es inconstitucional.
El artículo 168 de la carta magna boliviana dispone que tanto el presidente como su vicepresidente pueden ser reelectos “por una sola vez de manera continua”.
Sin embargo, el Tribunal Constitucional dictaminó en abril pasado que no debe tomarse en cuenta el primer mandato de Morales (2006-2010), acortado para aprobar una nueva Constitución, que remplazó la República por un Estado Plurinacional.
A la luz de esa modificación sustantiva, Morales asumió, según él, su primer mandato en el Estado Plurinacional (2010-2015), y proyecta una nueva postulación para el periodo 2015-2020, a pesar de los reclamos de la oposición, que la considera ilegal.