La Contraloría ordenó un procedimiento disciplinario en la Seremi de Educación de Los Ríos, por la realización de una fiesta de aniversario de la cartera, financiada como “jornada gestión, planificación y proyección”, según información obtenida en exclusiva por Radio Bío Bío.

La polémica actividad se llevó a cabo el 16 de diciembre del 2011 en el Hotel Naguilán de Valdivia. De acuerdo a la información recogida por el ente contralor, la cartera cotizó, compró y pagó los servicios para desarrollar la “Jornada Regional de Educación de Gestión 2011, planificación y proyección 2012”, por un costo de $3.976.088.

Para ello, se giraron dos cheques: uno de $1.211.484 desde el programa de Infraestructura Educacional, bajo la denominación bienes y servicios de consumo y otro desde el programa Mejoramiento de la Calidad de la Educación, bajo la denominación de Programa de Educación Rural, por $2.764.604.

Sin embargo, un correo emitido por el jefe de gabinete de la época, Helmuth Palma, revela que la actividad no se condice con la jornada. En ese correo se invita a los funcionarios a un evento con motivo del aniversario del Mineduc, extendiendo, sin costo, la invitación a un cónyuge o familiar.

A ello se suma la publicación de fotografías de la fiesta en la revista interna del ministerio, llamada “Sacapuntas”.

Para el concejal socialista de Valdivia, Marcos Ilabaca, la situación incluso podría implicar malversación de fondos públicos.

El seremi de educación de Los Ríos, Carlos Crot, descartó que exista malversación, atribuyendo lo sucedido a un probable error administrativo.

Crot fue enfático en señalar que la jornada de trabajo regional sí se realizó, aun cuando la seremi no pudo encontrar la lista de asistentes que le pidió la Contraloría.

Ante la polémica, el concejal Ilabaca reflotó la adquisición millonaria de dos sillones para la seremi en diciembre del 2010 y de la que ahora se conoce su orden de compra por un total de $1.965.00.

El propio Crot le respondió al concejal.

Respecto de la fiesta de aniversario, la Contraloría determinó que los pagos no se ajustarían al principio de legalidad del gasto por lo que instruyó un procedimiento disciplinario que estará cargo de un fiscal designado por el propio organismo contralor