El Programa de Derechos Humanos y la familia de Fernando Álvarez, el último intendente del gobierno de Salvador Allende, solicitaron ampliar los procesamientos contra los dos ex uniformados detenidos en la investigación.

En un recurso a la Corte de Apelaciones de Concepción, se pidió encausar al ex militar José Puga y el carabinero en retiro, Sergio Arévalo, por el homicidio de Álvarez, quien murió en 1973 al interior de la hoy Primera Comisaría penquista.

Los ex oficiales, en prisión preventiva en el Regimiento Chacabuco y la Sexta Comisaría, fueron encausados sólo por torturas a la ex autoridad de la Unidad Popular. La tesis del Programa de Derechos Humanos y de la familia de Álvarez, es que éste murió por efecto de los golpes y la aplicación de corriente confirmada por el ministro Carlos Aldana.

En la apelación se solicita también procesar también como autores de torturas con resultado de muerte a otros dos ex oficiales de carabineros, el capitán en retiro Fernando Pinares y el teniente en retiro Roberto Ricotti.